martes 24/5/22

Propietarios de fincas en Cabañeros piden al Estado que les pague por no cazar

Los propietarios presentaron el 2 de diciembre ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico un documento, suscrito por la práctica totalidad de los afectados, que solicitan una indemnización por no poder cazar en más de 16.000 hectáreas situadas en el Parque Nacional
La berrea, el espectáculo de la seducción del ciervo, se escucha ya bajo el cielo estrellado del Parque Nacional de Cabañeros - EFE/Jesús Monroy
Propietarios de fincas en Cabañeros piden al Estado que les pague por no cazar

Los grandes propietarios de fincas cinegéticas enclavadas en el Parque Nacional de Cabañeros han reclamado la responsabilidad patrimonial del Estado por la privación de los derechos de caza de los que eran titulares.

Los propietarios presentaron el 2 de diciembre ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico un documento, suscrito por la práctica totalidad de los afectados, que solicitan una indemnización por no poder cazar en más de 16.000 hectáreas situadas en el Parque Nacional.

La Ley de Parques Nacionales de 2014 habilitó un plazo de seis años para llegar a acuerdos indemnizatorios con los propietarios, pero en estos seis años el Organismo Autónomo Parques Nacionales no ha hecho nada para dar cumplimiento al mandato legal de indemnización, según han señalado estos propietarios en un comunicado de prensa.

Además, han señalado que la anterior Ley de Parques Nacionales ya previó un plazo de diez años, que finalizaba en 2017, para alcanzar los referidos acuerdos, lo cual significa que "en catorce años, las Administraciones competentes han omitido simple y llanamente el cumplimiento de sus obligaciones legales para indemnizar a los propietarios afectados".

Por este motivo, antes de transcurrido el año desde la efectividad de la prohibición de actividades cinegéticas, los afectados han presentado sus reclamaciones.

En concreto, reclaman una "importante indemnización" por verse privados del principal recurso que les permitía mantener sus fincas, el propio Parque Nacional y una parte de la economía de la zona.

Este colectivo ha señalado que durante la tramitación de la Ley de Parques Nacionales de 2014 se valoró en sede parlamentaria el montante destinado a indemnizar a los afectados por la ley en 300 millones de euros.

La Administración reclamada tiene un plazo de seis meses para responder a la legítima reclamación formulada, y si no lo hiciese en dicho plazo, los afectados podría acudir a la vía jurisdiccional contencioso-administrativa.

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