La macro operación desarrollada por la Policía Nacional y la Agencia Tributaria que ha permitido desmantelar una trama de fraude fiscal y blanqueo de capitales en torno al comercio de oro y otros metales en casas de compraventa, con 164 detenidos en 12 provincias, se inició al detectarse una aumento exponencial en la facturación de algunas empresas de este sector, que en algunos casos pasó de 11 a 1.000 millones de euros entre 2008 y 2012.
Así lo indicaron el director general de la Policía, Ignacio Cosidó, y el delegado especial de la Agencia Tributaria en Valencia, Manuel Cabrera, en una rueda de prensa ofrecida en la sede de la Jefatura Superior de Policía de Valencia para informar de los detalles de este operativo "sin precedentes" desarrollado en distintas provincias españolas, con especial incidencia en la Comunitat Valenciana, donde se encontraba el "cabecilla" de la trama.
En la comparecencia, en la que se expusieron algunos de los objetos incautados, entre ellos lingotes de oro y plata, diversas joyas, relojes, material para la fundición y dinero en efectivo, también estuvieron presentes la delegada del gobierno en Valencia, Paula Sánchez de León, y el comisario jefe de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia, Alfredo Garrido.
Cosidó detalló que esta operación es la más importante desarrollada hasta la fecha desde que en marzo de 2012 se pusiera en marcha el Plan Oro con el objetivo de vigilar la actividad de las empresas de compraventa de este metal.
Al respecto, destacó el "éxito" de la colaboración entre la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, que sirve "de estímulo sobre cómo esta colaboración permite luchar contra la delincuencia económica". En la operación participaron cerca de 600 agentes de ambos cuerpos, que registraron 88 establecimientos de compraventa de oro, domicilios y empresas.
Facturas falsas y fraude en impuestos
Se calcula que las 180 empresas implicadas en la trama, aprovechando el auge de la compraventa de metales preciosos, habrían podido emitir facturas falsas por hasta 1.000 millones de euros anuales, así como defraudar 9 millones en el pago del impuesto de sociedades y en torno a 10 millones de euros en devoluciones del IVA, un importe que fue bloqueado.
Asimismo, también quedaron bloqueados activos financieros y cuentas por un valor superior a los 16 millones de euros, se incautaron 6,5 toneladas de oro y plata junto a 1,69 millones de euros, 52 coches y motos, además de dos barcos.
El director general de la Policía recalcó que la delincuencia económica "es un objetivo estratégico" de este cuerpo, dado que tiene una "enorme relevancia". De hecho, recordó que en 2013 se han llevado a cabo casi 500 operaciones contra el blanqueo de capitales. "Seguiremos trabajando", incidió Cosidó, quien resaltó la contribución de este tipo de operaciones para que la economía "vaya mejor" y que "quienes pagamos impuestos no nos veamos afectados por quienes hacen trampas".
Modus operandi
Según el delegado de la Agencia Tributaria, la operación se puso en marcha al detectar un aumento de la facturación de algunas empresas del sector, el uso de billetes de alta denominación y el incremento de las devoluciones tributarias, la "gran mayoría" en las tres provincias de la Comunitat Valenciana, aunque también en provincias como Murcia, Málaga, Madrid, Barcelona, Tarragona, Córdoba, Granada, Toledo y Valladolid.
En la base de esta red piramidal se encontraban casas de compraventa de oro diseminadas por toda España que, según la Policía, compaginaban el comercio legal con distintas actividades ilícitas. Por encima de estos establecimientos se situaban empresas mayoristas y fundidoras, que recibían el flujo de oro, plata y platino para exportarlo al extranjero. Este flujo era adquirido y vendido con registros y contabilidades paralelas, incluyendo también en él piezas robadas, que de este modo eran introducidas en el circuito legal.
De forma paralela, y como auxiliares, seis grupos societarios se encargaban de emitir facturas simuladas a través de empresas ficticias o creadas de forma efímera para ese fin. Sólo en el ejercicio fiscal 2012 los investigadores han detectado un volumen de facturas ficticias de 1.000 millones de euros.
Esas facturas irregulares se ofrecían, asimismo, a otros grupos criminales, nacionales e internacionales, con el objetivo de blanquear para ellos grandes sumas procedentes de estafas masivas (cartas nigerianas), fraudes inmobiliarios y narcotráfico.
Actividad desleal
El comisario jefe de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Valencia, Alfredo Garrido, explicó que fueron los "propios profesionales honrados" de este sector quienes pusieron en alerta a la Policía Nacional, al manifestar sus "problemas" para comercializar sus productos por la actividad desleal de compañeros de profesión, que podían ofrecerlos a bajo coste al proceder presuntamente de robos.
La investigación fue puesta en conocimiento del Juzgado de Instrucción número 12 de Valencia. Al ver que en otras provincias, especialmente Málaga y Murcia, se estaban llevando a cabo investigaciones similares, con coincidencia incluso en las personas presuntamente implicadas, la operación adquirió rango nacional.
Garrido señaló que la operación sigue abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones, y precisó que tras los 164 arrestos algunas de estas personas han ingresado en prisión y otras han quedado en libertad, dado que en delitos económicos no siempre se decreta la prisión preventiva, aunque afirmó que las imputaciones "se mantienen" sobre ellos.
Orodirect reitera su "colaboración"
Por su parte, OroDirect reiteró, tras la puesta en libertad de su fundador y consejero delegado, Miroslav Schopoff, su intención de mantener "la más estrecha colaboración con las autoridades judiciales para esclarecer todo lo relacionado con las presuntas irregularidades detectadas en el mercado de recuperación de oro particular".
Así, en un comunicado manifestó su deseo de que estas actuaciones "sirvan para clarificar la operativa del sector" y contribuyan a profesionalizar su gestión y a aumentar la transparencia del mismo, para que "se elimine del mercado a aquellos operadores que actúan al margen de la normativa legal vigente".
"OroDirect colabora de forma activa con la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias del Banco de España y nunca ha sido objeto de falta alguna por actividades irregulares", resaltó la empresa, que aseguró estar "al día de sus obligaciones tributarias" y "en ningún momento ha sido objeto de denuncias o sanciones fiscales. Por ello, deseó que una vez el juez disponga de toda la información "se pueda proceder al levantamiento de las restricciones que actualmente impiden el desarrollo de su trabajo diario".
