El Gobierno de Castilla-La Mancha refuerza la segunda posición a nivel nacional en el conjunto del Sistema de Atención a la Dependencia, con una puntuación de 7,9 en relación a los datos que se extraen del XXIII Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia.
La viceconsejera de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, Ana Saavedra, ha valorado de forma muy positiva el XXIII Dictamen del Observatorio de la Dependencia, presentado esta mañana, que refuerza a Castilla-La Mancha "como la segunda Comunidad Autónoma que mejor gestiona la Dependencia y que corrobora el balance de gestión del Sistema del año 2022", ha informado la Junta en nota de prensa.
Saavedra ha subrayado que "estos datos vienen a avalar nuestra gestión. Una gestión que desde que el presidente Emiliano García-Page gobierna en esta región ha consolidado un Sistema de Dependencia que nos encontramos totalmente en decadencia, con más de 27.000 expedientes guardados de personas sin valorar y atender".
En este sentido, la viceconsejera ha añadido que los datos reflejados en el XXIII Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia atestiguan que este impulso que el Sistema de Atención a la Dependencia ha recibido durante estos años en Castilla-La Mancha, "también nos ha permitido cumplir con los objetivos marcado por el Plan de Choque, firmado con el Gobierno de España".
Además, Saavedra ha destacado que el objetivo principal era la reducción de las listas de espera dentro del sistema, "y en Castilla-La Mancha se ha disminuido la lista de espera un 14,1 por ciento en el último año, y en un 95 por ciento desde el año 2015".
"Además, en la comparativa con el resto de CCAA, hemos pasado de un 44 por ciento en 2015 a un 3,7, ocupando la segunda posición como la región con menos lista de espera", ha aseverado.
En cuanto a la generación de empleo, Castilla-La Mancha consolida el crecimiento obtenido en 2021 y aumenta los empleos con contrato indefinido a tiempo completo, llegando a contar con alrededor de 25.000 empleos. "En el último año, hemos generado 1.866 puestos de trabajo dentro de los nueve servicios que se prestan en el Sistema de Dependencia", ha detallado la viceconsejera.
Además, Saavedra también se ha referido a la inversión en el sistema destacando que "el Gobierno de Castilla-La Mancha ha incrementado su presupuesto en dependencia un 65 por ciento desde 2015, pasando de 372 millones a casi 615 millones de euros para este año 2023".
Finalmente, ha puntualizado que "estos datos nos permiten decir que el Gobierno regional se consolida y refuerza con su crecimiento positivo desde la aprobación de la Ley de Dependencia, ya que hemos finalizado 2022 con más de 85.600 prestaciones dentro del sistema y más de 67.300 personas atendidas. Según el dictamen, más de 3.500 nuevas personas dependientes solo en el último año".
XXIII DICTAMEN DEL OBSERVATORIO
Un total de 353.965 personas en todo el país están a la espera de recibir atención a la dependencia, 8.799 menos que en 2021, según el XXIII Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que advierten de que, a este ritmo, "se tardarían 35 años en lograr que no haya ninguna persona esperando algún trámite". Además, más de 45.000 personas dependientes fallecieron en la lista de espera entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022.
En concreto, hay 131.810 personas esperando a ser valoradas, 7.214 más que las 124.596 del año anterior, y 177.423 con el derecho reconocido pero en espera de recibir atención, 15.923 personas menos que el año anterior. A estos se suman 22.829 personas con resolución de PIA y que no reciben prestación o servicio y 21.903 que las CCAA no han registrado y están pendientes de valorar.
"El incremento presupuestario del Gobierno de España no ha sido suficiente para cubrir los objetivos del plan de choque: ni la reducción de la lista de espera ni el incremento en las intensidades. Esto es tremendamente preocupante", ha manifestado el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, este viernes, en rueda de prensa.
En concreto, lo ha atribuido a tres razones, la primera, la "desidia e impericia de algunas comunidades autónomas que no están siendo ágiles" o están siendo "tan tacañas que han recortado el presupuesto" a pesar de recibir más fondos del Gobierno, mostrando una actitud "inmisericorde".
Otro motivo es, según ha indicado, la "telaraña burocrática" que se refleja en los 344 días que se tarda en recibir la atención, casi un año. Y, en tercer lugar, ha apuntado el hecho de que, del
incremento presupuestario del Gobierno en 2022 para dependencia, se dejaran sin gastar 55 millones de euros.
Según el documento, consultado por Europa Press, el 44,6% de las personas desatendidas (80.862) son dependientes con Grados III o II, es decir, tienen necesidades de apoyo extenso y continuado.
Aunque por normativa, el plazo máximo para resolver un expediente se sitúa en seis meses (180 días), actualmente, se tardan 344 días de media, y cinco comunidades superan los 12 meses (Canarias, Andalucía, Murcia, Extremadura y Galicia).
En cualquier caso, el informe también pone de relieve que hay 91.295 personas atendidas más que a comienzos de 2022. En este sentido, los autores han apuntado que tras los años "desastrosos" de pandemia, "el plan de choque constata un cambio de tendencia".
Por territorios, las comunidades con mayor 'limbo de la dependencia', es decir, con más personas pendientes de recibir prestación, son: Cataluña (27,1%), La Rioja (18,9%) y País Vasco (17,5%); y las que menos, Castilla y León (0,18%), Castilla-La Mancha (3,71%) y Aragón (4%).
Por otro lado, los autores del estudio valoran que las prestaciones y servicios son cada año "más 'low cost' e insuficientes" para las necesidades de las personas en situación de dependencia. Así, por ejemplo, señalan que las prestaciones económicas por cuidados familiares tienen un importe medio mensual de 234,96 euros; y la prestación vinculada para abonar una plaza de atención residencial oscila entre 445,5 euros al mes (Grado II) y 550,8 euros al mes (Grado III).
Asimismo, añaden que la ayuda a domicilio presenta unas intensidades horarias medias de 33,45 horas al mes, 57,1 horas al mes para los grandes dependientes, lo que representa dos horas y media diarias de lunes a viernes, una intensidad "claramente insuficiente", según los autores del Observatorio.
Además, de los datos se desprende que, durante el periodo interanual comprendido entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022 fallecieron 45.360 personas en las listas de espera de la dependencia --19.661 personas pendientes de resolución de grado de dependencia y 25.699 sin haber podido ejercer sus derechos--. Esto supone que diariamente fallecen más de 124 personas dependientes sin haber llegado a recibir prestaciones o servicios. "Un 20% de personas han fallecido esperando", han lamentado los autores.
Por otro lado, el dictamen sostiene que, por primera vez, el coste global del sistema superó los 10.000 millones de euros, llegando a 10.495 millones de euros; y añade que el coste directo de las prestaciones y servicios entregados durante 2022 asciende a 9.717 millones de euros, de los cuales, 7.723 millones fueron asumidos por las Administraciones Públicas y el resto (1.995 millones) lo aportan las personas usuarias en forma de copago regulado (20,5%).
Del gasto público directo en dependencia en 2022, el informe precisa que la Administración General del Estado ha aumentado en 1.842 millones de euros la financiación, llegando al 33,9%, mientras que las CCAA han reducido su aportación y disminuyen su porcentaje de financiación hasta el 66,1%.
Los autores del estudio destacan que el recorte acumulado de la Administración General del Estado en dependencia, al que puso fin el Plan de Choque, ha sido de 6.321 millones de euros.
En este sentido, subrayan que el Gobierno de España "cumple" con el aumento presupuestario del Plan de choque para la Dependencia pero "la burocracia y la impericia de algunos gobiernos autonómicos no permiten lograr el objetivo de la reducción de la lista de espera, incrementar las prestaciones y servicios y ni siquiera ejecutar el incremento presupuestario".
En concreto, denuncian que, en el primer año del plan de choque, diez gobiernos de comunidades autónomas "hicieron caja" con el incremento presupuestario: Aragón, Canarias, Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura, Galicia, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y La Rioja.
De esta forma, los autores del informe indican que "solo" hay 15.923 personas menos en lista de espera que, sumadas a las 38.807 del año 2021, no alcanzan las 60.000 que planteaban como objetivo el primer año, y avisan que, al ritmo del último año se tardarían once años en lograr la plena atención.
