Castilla-La Mancha renueva su Comisión de Cambio Climático ante los retos

Castilla-La Mancha renueva su Comisión de Cambio Climático ante los retos

El Gobierno regional renueva el órgano creado en 2012 para reforzar la coordinación institucional en mitigación y adaptación climática.

La futura Ley regional de Cambio Climático y un posible mercado interno de emisiones, entre las prioridades de la nueva etapa.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reactivado este miércoles en Toledo la Comisión Regional de Cambio Climático con el objetivo de reforzar la coordinación institucional frente a unos fenómenos climáticos extremos “cada vez más frecuentes y graves”. La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha presidido la sesión en la que se ha renovado la composición de este órgano, creado en 2012, para afrontar los nuevos retos ambientales del territorio.

Según ha informado el Ejecutivo autonómico , la reunión marca el inicio de “una etapa decisiva para la acción climática en Castilla-La Mancha”, centrada en avanzar en medidas de mitigación y adaptación y en mejorar la gobernanza conjunta entre consejerías y administraciones competentes.

La Comisión se consolida tras la aprobación del Decreto 81/2025, de 14 de octubre, que moderniza su composición y funcionamiento para alinearla con la estructura actual de la Administración regional y los desafíos climáticos presentes.

Más coordinación y nuevas herramientas

Durante su intervención, Gómez ha subrayado que la ciudadanía “espera respuestas claras y coordinadas” ante la creciente incidencia de olas de calor, sequías o episodios extremos. En este contexto, ha defendido que Castilla-La Mancha seguirá siendo una región “comprometida, responsable y proactiva” frente al cambio climático.

La consejera ha avanzado también la intención del Gobierno autonómico de explorar instrumentos innovadores, como la posible creación de un mercado interno de gases de efecto invernadero, que permita convertir la sostenibilidad en una oportunidad económica para el territorio, especialmente para los sectores más vulnerables.

Emisiones: descenso desde 2007, pero con estancamiento reciente

En la sesión, la Dirección General de Economía Circular y Agenda 2030 ha presentado los datos actualizados del Inventario Regional de Emisiones. Según ha destacado la consejera, Castilla-La Mancha mantiene una tendencia continuada de reducción de emisiones desde 2007, impulsada por el desarrollo de energías renovables y mejoras en eficiencia energética.

No obstante, también se ha constatado un estancamiento en la última década, lo que obliga —según el Ejecutivo— a intensificar las políticas de descarbonización para cumplir los objetivos climáticos.

La futura Ley regional de Cambio Climático

La Comisión ha abordado igualmente el estado de elaboración de la futura Ley regional de Cambio Climático, una de las prioridades legislativas de la Consejería en esta legislatura.

El proceso incluye un análisis comparativo de normativas autonómicas, nacionales e internacionales, así como la sistematización de instrumentos de mitigación, adaptación, financiación y seguimiento que conformarán la base técnica de la norma. Además, en marzo se celebrarán talleres internos con todas las consejerías implicadas para coordinar criterios y enfoques transversales.

Gómez ha defendido que la ley debe nacer “del diálogo y del rigor técnico”, incorporando las aportaciones de agentes socioeconómicos y ambientales, y ha asegurado que será una herramienta estratégica para garantizar un desarrollo sostenible y competitivo adaptado a la realidad climática regional.

Impulso al sector primario y mercados de carbono

La reunión también ha servido para presentar el informe actualizado de la Cátedra Participativa de Cambio Climático y Sostenibilidad del Sector Primario, desarrollada en colaboración con la Universidad de Castilla-La Mancha.

Entre las líneas destacadas figura la posibilidad de que el sector primario participe en mercados voluntarios de carbono, generando créditos que remuneren prácticas climáticamente responsables. Asimismo, se ha informado de avances en mecanismos como el insetting —compensación de emisiones dentro de la propia cadena de valor empresarial— y en la incorporación de créditos de biodiversidad, que reconocerían económicamente la conservación de ecosistemas agrarios y forestales.