Castilla-La Mancha registró 2.541 atentados contra la autoridad en cinco años
Castilla-La Mancha contabilizó 2.541 infracciones penales por atentado contra la autoridad entre 2021 y 2025, según los datos del Ministerio del Interior, en un contexto marcado por más de 78.400 delitos de este tipo en toda España durante el último quinquenio. La mayoría de estos casos corresponden a agresiones a agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad, una tipología delictiva cuya evolución se mantiene relativamente estable en el conjunto del país.
En el caso castellanomanchego, las estadísticas oficiales reflejan un crecimiento sostenido desde 2021, cuando se registraron 462 delitos, hasta alcanzar los 592 en 2024, el último ejercicio cerrado. A esa cifra se suman 440 infracciones entre enero y septiembre de 2025, a falta del cómputo definitivo del último trimestre del año. El balance del periodo sitúa a la comunidad en una franja intermedia dentro del conjunto autonómico.
Evolución nacional de los delitos
A nivel estatal, Interior ha contabilizado más de 78.400 atentados contra la autoridad en los últimos cinco años. La cifra anual ha pasado de 15.397 delitos en 2021 a 16.878 en 2024, lo que supone un incremento del 9,6 % en ese periodo. En 2025, todavía sin datos completos, el acumulado entre enero y septiembre asciende a 12.645 infracciones, lo que apunta a un cierre de ejercicio en niveles similares a los de los años anteriores, por encima de los 16.000 casos.
Penas previstas en el Código Penal
Este tipo de delitos está regulado en los artículos 550 a 554 del Código Penal. El artículo 550 considera reos de atentado a quienes acometan, empleen fuerza, intimiden gravemente o ejerzan resistencia activa grave contra la autoridad, sus agentes o funcionarios públicos cuando se encuentren en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas.
El artículo 551 establece penas de dos a cuatro años de prisión y multa de tres a seis meses cuando el atentado se dirige contra una autoridad, y de uno a tres años de prisión en el resto de los casos.
Concentración territorial de las agresiones
Dos tercios de los atentados y agresiones se concentran en cuatro comunidades autónomas: Andalucía, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana, que aglutinan algo más del 65 % del total nacional.
En los ejercicios cerrados entre 2021 y 2024, Madrid encabeza la estadística con más de 3.000 infracciones anuales, seguida de Andalucía, por encima de las 2.800, y de Cataluña, con cifras superiores a las 2.600 cada año. En los primeros nueve meses de 2025, Andalucía lidera el registro con 2.223 atentados, por delante de Cataluña (2.174), Madrid (2.147) y Comunidad Valenciana (1.684).
En el extremo opuesto, además de Ceuta y Melilla, con 38 y 24 infracciones respectivamente hasta septiembre de 2025, las comunidades con menos casos en ese periodo son La Rioja (74), Cantabria (106), Navarra (181), Extremadura (209) y Asturias (242).
Reivindicación de profesión de riesgo
Los sindicatos policiales y las asociaciones profesionales de la Guardia Civil mantienen desde hace años la reivindicación de que su labor sea reconocida como profesión de riesgo, una demanda que han trasladado incluso a las instituciones europeas. Esta misma semana, representantes de estos colectivos se reunieron en el Parlamento Europeo con el Partido Popular, donde la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, se comprometió a impulsar una directiva comunitaria en ese sentido.
En relación con las agresiones, defendió su consideración como “eurodelito” para reforzar la protección y la seguridad jurídica de los agentes. Ya en noviembre del año pasado, organizaciones como Jucil y Jupol se concentraron ante el Ministerio del Interior para denunciar lo que califican como una “escalada” de violencia.
Entre los episodios recientes citan la agresión a un policía nacional fuera de servicio en Vinalesa (Valencia), que resultó herido grave, o los ataques sufridos por guardias civiles en el Campo de Gibraltar, como el ocurrido el pasado 6 de diciembre en Los Barrios (Cádiz) durante un alijo de tabaco en el río Palomares. Según Jucil, la Guardia Civil sufre una media de cinco ataques diarios en España.