La Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia en Castilla-La Mancha ha estimado que la retirada por parte del Gobierno regional del recurso que interpuso el anterior Ejecutivo del PP contra la sentencia que declaraba nula la legislación en materia de dependencia de los últimos años implicará que la Administración autonómica tenga que revisar unas 15.000 resoluciones realizadas desde el 8 de agosto de 2013.
En un comunicado, y una vez que se les ha notificado la retirada efectiva, por parte del Tribunal Supremo, del recurso, la Plataforma ha señalado que la revisión de las modificaciones o resoluciones del Plan Individual de Atención a dependientes (PIA) tendrá un coste estimado de unos 17 millones de euros.
El colectivo espera ahora "con atención" el comienzo de oficio de todas esas reposiciones de prestación y servicios "que nunca debieron ser revisadas o retiradas" y se ha puesto a disposición de la Consejería de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, para comenzar a elaborar de forma urgente una nueva normativa.