Castilla-La Mancha lidera la financiación pública de plazas residenciales en España
Castilla-La Mancha se ha consolidado como una de las comunidades autónomas con mayor fortaleza en su red de atención residencial para personas mayores. La región lidera el porcentaje de plazas financiadas con fondos públicos en toda España y, además, presenta un superávit estructural de 7.740 plazas, muy por encima de la ratio objetiva de cinco plazas por cada 100 habitantes mayores de 65 años. A ello se suma una ocupación del 98,9% de sus 29.075 plazas, lo que coloca al sistema castellanomanchego entre los más eficientes y dimensionados del país.
Los datos proceden del análisis nacional elaborado por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que sitúa a Castilla-La Mancha como la comunidad que más plazas públicas aporta al conjunto del sistema y la segunda con más plazas totales, sumando públicas y privadas. El informe destaca que la región no solo supera la cobertura recomendada, sino que lo hace de forma sostenida y con un parque residencial moderno y de mayor tamaño que la media nacional, con 78,7 plazas por centro frente a las 73,5 del conjunto del país.
Este liderazgo ha sido subrayado por el presidente regional, Emiliano García-Page, quien ha reivindicado en un mensaje difundido por el Gobierno autonómico que Castilla-La Mancha sea “la primera que encabeza el ránquin de comunidades autónomas que financian plazas públicas para residencias de mayores”. El jefe del Ejecutivo ha remarcado además que el mayor volumen de plazas sufragadas desde el sistema público “es de Castilla-La Mancha”, lo que, en su opinión, evidencia la vocación social del Gobierno regional.
“Sí, me siento orgulloso de que el dinero que todo el mundo paga en esta región termina revirtiendo en la gente que más lo necesita”, ha afirmado García-Page, quien sostiene que Castilla-La Mancha “encabeza la mayoría de los ránquines que tienen que ver con lo social”, no solo en términos de plazas disponibles, sino en su sostenimiento público.
Cobertura por encima de la ratio y red más amplia que la media nacional
Según el estudio, la comunidad alcanza 5,65 plazas por cada 100 personas mayores, situándose entre las pocas que superan la ratio de referencia. El informe destaca también la estabilidad de la red, cuya capacidad se ha mantenido en niveles altos durante más de una década pese a la presión demográfica creciente.
El tamaño medio de los centros —78,7 plazas por residencia— confirma la existencia de una estructura residencial consolidada, con centros capaces de operar a escala suficiente para ofrecer servicios estables y continuos en un territorio marcado por la dispersión geográfica.
Un país tensionado frente al caso castellanomanchego
Mientras Castilla-La Mancha muestra superávit, el panorama nacional se caracteriza por un déficit creciente de plazas. En España faltan casi 100.000 plazas para alcanzar la ratio recomendada, y más de 50.000 serían necesarias solo para atender la demanda actual de personas con dependencia severa y gran dependencia, según la entidad.
El sistema acumula 32.842 personas con Grado II y 15.686 con Grado III a la espera de una plaza o prestación vinculada, cifras a las que se suman 57.091 personas pendientes de valoración. Si se aplican los porcentajes de atención residencial, la demanda real que requeriría una plaza pública o concertada asciende a 32.241 personas. Además, existen 6.652 PIAS no efectivos para residencias y 12.070 PIAS no efectivos vinculados al servicio, una evidencia del cuello de botella estatal.
Las comunidades más deficitarias siguen siendo Andalucía, con 36.327 plazas necesarias, y la Comunidad Valenciana, con 26.929. Entre ambas concentran casi dos tercios del déficit total del país. En el extremo contrario, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura mantienen superávit, aunque solo la región castellanoleonesa alcanza una cifra superior a la manchega.
Cinco autonomías al límite de ocupación
El informe destaca que solo cinco comunidades presentan ocupaciones superiores al 95%: Extremadura, Canarias, Castilla-La Mancha, Baleares y Madrid. En el caso de Castilla-La Mancha, la ocupación del 98,9% confirma una demanda sostenida, pero también un equilibrio entre oferta y necesidad.
En contraste, regiones como Asturias, País Vasco y Comunidad Valenciana presentan ocupaciones mucho menores, lo que la Asociación atribuye a una mala distribución territorial de las plazas o a precios que limitan el acceso de buena parte de las familias.
Financiación pública: un pilar del modelo castellanomanchego
El informe nacional señala que el 71,1% de las plazas españolas están financiadas con fondos públicos, una tendencia al alza desde 2015. Castilla-La Mancha se sitúa entre las comunidades con mayor cobertura pública, junto a Castilla y León, Extremadura y Aragón.
La estructura financiera pública es, precisamente, uno de los elementos sobre los que García-Page ha querido poner el acento, defendiendo el modelo castellanomanchego como un reflejo de las prioridades políticas de la región. La apuesta por plazas públicas y concertadas, acompañado de la prestación vinculada al servicio, ha permitido consolidar una red amplia y estable incluso en un contexto de fuerte crecimiento de la población mayor.
La desinstitucionalización, un reto aún pendiente
Pese a la solidez del modelo residencial en comunidades como Castilla-La Mancha, la estrategia estatal para favorecer que las personas mayores permanezcan en sus hogares apenas ha avanzado. La cobertura de ayuda a domicilio sigue estancada en el 5,8%, con una media de 23,8 horas mensuales, datos similares a los de hace más de diez años.
Según los directores y gerentes de servicios sociales, estas cifras “impiden avanzar” y trasladan la mayor parte de la carga de cuidados a las familias, especialmente a las mujeres, que siguen asumiendo la mayoría de los cuidados de larga duración.