Comunidades PP atribuyen a la cercanía de las elecciones el plantón de la oposición a Wert

Las comunidades autónomas gobernadas por el PP han lamentado la "falta de respeto y de lealtad institucional" que, a su juicio, han demostrado los consejeros de Educación de Andalucía, Cataluña, País Vasco, Asturias y Canarias al abandonar la conferencia sectorial presidida este martes por el ministro de Educación, Cultura y Deportes, José Ignacio Wert, y han atribuido el plantón a la cercanía de las elecciones del 24 de mayo.

En nombre de los gobiernos 'populares', el consejero del ramo de Castilla-La Mancha, Marcial Marín, ha subrayado ante los periodistas al término de la reunión que "para construir hay que escuchar y ser escuchados". Según ha manifestado, los consejeros que se han marchado al comienzo de la Conferencia Sectorial "anteponen las batallas ideológicas" al rendimiento educativo de los alumnos.

En la reunión se ha debatido el borrador del real decreto que regula las evaluaciones externas de Primaria, ESO y Bachillerato, así como el que establece los umbrales de renta para acceder a las becas. Los representantes de Andalucía, Cataluña, Euskadi, Asturias y Canarias habían exigido previamente en una rueda de prensa la retirada del decreto de 'reválidas' por "invadir competencias" de las comunidades y considerarlo "segregador".

Marín ha subrayado que las evaluaciones son "muy necesarias" para medir el cumplimiento de los objetivos y corregir lo que no funciona a fin de "conseguir el éxito educativo". En cuanto al decreto relativo a las becas, ha señalado que es "el mismo que el año pasado" y no entienden por qué se quejan precisamente ahora.

Según el consejero castellano-manchego, los cinco representantes que han salido de la reunión celebrada en el Ministerio "solo miran a 32 días de unas elecciones", y con su actitud contribuyen a "destruir la educación, no solo en sus comunidades autónomas sino en todo el país".

LAMENTAN QUE NO ESCUCHASEN A LOS DEMÁS

En el mismo sentido, el consejero de Cultura, Educación y Ordenación Universitaria de la Xunta de Galicia, Román Rodríguez --que se ha estrenado en esta Conferencia Sectorial--, ha vinculado la "huida hacia ninguna parte" de esas cinco comunidades a "cuestiones de corte político".

Rodríguez ha señalado que el decreto sobre las 'reválidas' es solo un punto de partida a partir del cual se abre un proceso de negociación entre el Gobierno y las autonomías en el cual estas pueden "participar y hacer aportaciones". Por tanto, le "choca" que los consejeros que han realizado la protesta "no planteasen ninguna propuesta" en la reunión.

También se ha pronunciado sobre este asunto la consejera de la Comunidad Valenciana, Maria José Catalá, quien ve "lamentable" que los cinco consejeros hiciesen su "speech" antes de iniciarse el orden del día y "sin escuchar a los demás". A su entender, lo que querían tratar no era una cuestión de procedimiento, sino de fondo.

Según ha explicado a un grupo de periodistas, no sabían que iba a producirse esta salida, siendo además una Sectorial en la que se despedían consejeros como la de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar. "Esto pasa cuando hay unas elecciones cerca", ha concluido Catalá, añadiendo que esta misma valoración es la que ha hecho Wert tras el plantón.

PROTOCOLOS CONTRA LA VIOLENCIA EN LAS AULAS

En cuanto al grupo de trabajo que Wert ha propuesto a las autonomías para unificar protocolos y estrategias para la detección y prevención de la violencia en las aulas, los consejeros de gobiernos del PP han expresado su "total apoyo" y han afirmado que muchos tienen medidas que quieren aportar.

"Hay casos específicos y aislados", como el ocurrido este lunes en un instituto de Barcelona donde un alumno mató a un profesor e hirió a varias personas, que "debemos evitar que se extiendan", ha declarado Marín, agregando que para conseguirlo hay que "ser enérgicos y colaborar" para construir esos protocolos entre todos.

El consejero castellano-manchego ha apuntado algunas medidas que pueden ayudar a evitar que se repitan hechos como ese, como considerar autoridad pública al profesorado, aprobar protocolos de actuación coordinada entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los profesionales sanitarios o crear unidades de apoyo al profesorado.

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