Los inmigrantes que se encuentran en España en situación irregular han notado en el último año un aumento de comportamientos o actitudes xenófobas en la sanidad española, hasta el punto de que en 2013 se han multiplicado por cinco las personas que dicen haber sufrido un caso de racismo en el ámbito sanitario.
Así se desprende de los resultados de un informe europeo de la organización Médicos del Mundo recopilado a partir de más de 16.000 pacientes atendidos en 25 ciudades de ocho países europeos (incluidas 11 españolas: Almería, Málaga, Sevilla, Bilbao, Madrid, Palma de Mallorca, Zaragoza, Toledo, Santa Cruz de Tenerife, Valencia y Alicante), de los que 130 residían en España.
Una vez ponderados los datos para equiparar todos los países del informe (Alemania, Bélgica, Francia, Grecia, Holanda, Reino Unido y Suiza, además de España) se ha visto como, a pesar de que "los casos de racismo sufridos en las estructuras sanitarias son pocos", hasta un 5,4 por ciento de los encuestados dice haber sufrido algún comportamiento xenófobo en el último año.
En el caso de España, el informe muestra como estos casos son "muy frecuentemente citados" en el último año, como así lo reconocen el 33,6 por ciento de los encuestados. Y en 2012, sólo un 6,3 por ciento de los irregulares admitía sufrir algún caso de racismo.
"El problema no es que te denieguen la asistencia sanitaria, sino cómo te lo deniegan, la percepción de trato", ha lamentado Álvaro González, presidente de Médicos del Mundo España, que reconoce que el dato es significativo sobre todo porque "no son personas muy sensibles que cualquier pequeña cosa les va a generar disconfort, sino que por desgracia están acostumbradas a situaciones duras".
González cree que la primera barrera de acceso no es tanto el profesional sanitario sino el personal administrativo de los centros de salud, "que son los que se encargan de dar la tarjeta sanitaria a esta población".
Y, a su juicio, este comportamiento xenófobo responde al mensaje que el Gobierno ha dado señalando a este colectivo como uno de los culpables de la reforma emprendida en 2012 y de la limitación del acceso a la asistencia sanitaria, alegando "el coste demasiado alto que representa para el sistema de salud".
España, de los países donde más se les deniega la sanidad
El informe muestra además como España es también el país donde con más frecuencia se están reportando casos de denegación de atención sanitaria, afectando a aproximadamente la mitad (52,4%) de los pacientes incluidos en el informe.
La mayoría de estas denegaciones son fruto de una "exclusión sistemática", relata González, "en parte por confusión, desconocimiento o por ese mensaje xenófobo que se está transmitiendo".
"Los que están sufriendo esta situación son inmigrantes que llevan 10 o 20 años en España, que vivieron la época del 'boom' español, que estaban totalmente regularizados, que tienen a sus hijos españoles ya en el colegio, que han sufrido la crisis como el resto de españoles y que gracias al RD están sufriendo una segunda exclusión. Y después de quedarse fuera del mercado laboral ahora están sin permiso, sin papeles y fuera del sistema sanitario", ha lamentado el presidente de Médicos del Mundo España.
Tras España, en segundo lugar figura Londres, donde a la cuarta parte de los pacientes (24,9%) se les denegó la atención sanitaria, mientras que en Grecia, Bélgica y Francia los datos no pueden tenerse en cuenta dados los bajos índices de respuesta.
En términos generales, el informe muestra como los principales obstáculos de este colectivo son de tipo administrativo (22,8%), por desconocimiento del sistema (21,7%), por el alto coste de la consulta, el tratamiento o por el pago anticipado (17,7%) o por la barrera del idioma (15%).
Incluso hay problemas con el certificado de nacimiento
De hecho, González ha relatado que en una o dos comunidades autónomas han sido testigo de casos de inmigrantes irregulares que no podían pagar el coste del parto y, "hasta que no firmaban que iban a pagar la deuda, no les daban el certificado de nacimiento del menor".
Estas situaciones, que en el caso de España finalmente han sido resueltas "porque la ley lo ampara", también se han dado en otros países como Bélgica o Grecia, lo que "demuestra la espiral generada por la obsesión de recuperar los costes".
"Es inadmisible porque atenta contra el derecho fundamental de todo ser humano de tener un reconocimiento de su existencia", ha criticado Thierry Brigaud, presidente de esta institución en Francia.
El informe también muestra problemas a nivel europeo en la atención de las mujeres durante el embarazo y en la vacunación infantil, si bien estos no se están dando en España o, de producirse, se acaban resolviendo.
Problemas para llevar controlado el embarazo o vacunar al bebé
A nivel europeo, el informe muestra como dos tercios de las 285 mujeres atendidas por Médicos del Mundo (65,8%) no había tenido acceso a una atención prenatal antes de llegar a sus centros de atención, y hasta el 42 por ciento la recibió en una fase demasiado avanzada, después de la semana 12.
Y cuando acudían a la consulta médica por primera vez, más del 70 por ciento de estas mujeres necesitaban atención urgente (35,6%) o bastante urgente (36,7%). Además, casi una de cada dos (45,1%) reconocía limitar sus desplazamientos por miedo a ser detenidas como consecuencia de su situación administrativa.
En el caso de la vacunación infantil la situación no es más halagüeña, ya que solo uno de cada dos menores estaba vacunado contra el tétanos y solo un 35 por ciento ha sido inmunizado contra la hepatitis B. "En España de momento no tenemos ese problema, porque el sistema de vacunación español es de los mejores que existen en el mundo... Hasta ahora", ha apuntado González.
Desde Médicos del Mundo urgen a los gobiernos de los países europeos a poner fin a esta situación de exclusión y celebran que países como Suecia "se den cuenta" de que excluir a este colectivo "puede generar un problema de salud pública, porque las enfermedades no transmisibles no entienden de barreras administrativas".
Asimismo, otros como Reino Unido o Francia han visto que dejar sin sanidad a este colectivo de la asistencia sanitaria acaba generando un mayor coste sanitario. "Desde el punto de vista económico no es eficiente, y se ha visto como genera más inequidad y más sobrecoste, como se ha visto en Grecia, donde han empezado dos años antes", ha concluido González.
