La Asociación Nacional de Editores de Libros de texto y materiales de enseñanza (ANELE) ha interpuesto un total de 14 recursos contenciosos administrativos contra el Ministerio de Educación y varias comunidades autónomas por "excederse de sus competencias" al financiar plataformas de profesores para la creación de contenidos educativos, que, en algunos casos, "son plagios descarados".
En declaraciones a Europa Press, el presidente de esta organización, José Moyano, ha explicado que el departamento que dirige José Ignacio Wert liberó una partida de 11 millones de euros para que los docentes elaboraran contenidos curriculares "vulnerando la normativa vigente".
Asimismo, señala que el ministerio ha incurrido también en "competencia desleal", pues, según ha dicho, "no hay una necesidad de mercado ni tiene ningún sentido hacerlo en un país, como España, donde hay una potente industria editorial".
En cuanto a las administraciones educativas, como Castilla-La Mancha, Castilla y León y Comunidad Valenciana, entre otras, Moyano ha señalado que hay abiertos varios contenciosos por amparar plataformas para la generación de materiales educativos, "con un grave desconocimiento de sus competencias" y en las que se lleva a cabo un "plagio descarado" de libros de texto de las editoriales.
En esta línea, el académico de la Real Academia Española y catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid Santiago Muñoz Machado ha alertado este lunes, durante unas jornadas sobre Educación y propiedad intelectual en el Senado, sobre estas plataformas autonómicas, que "promocionan sin ninguna reserva la piratería de contenidos".
"PIRATERÍA PÚBLICA"
"Hay una asombrosa piratería pública practicada por las administraciones públicas normalmente a través de estas plataformas", ha denunciado este académico, que ha señalado que con ellas las comunidades autónomas "tratan de suplir la falta de adaptación de los libros de texto vigentes en cada comunidad a los programas impuestos por la ley general".
Muñoz Machado ha alertado sobre los intentos de varias administraciones de editar ellas mismas libros digitales "utilizando a sus propios funcionarios para facilitar, ulteriormente, de modo gratuito a los alumnos una especie de libros oficiales".
También ha denunciado que se ha pasado de las ayudas directas a las familias para la compra de libros de texto a los sistemas de préstamo y reutilización, por parte de varias administraciones, de manera que "se produce una utilización colectiva de la obra de un autor para la que no han cedido los derechos".
"RESPONSABILIDAD Y CUMPLIMIENTO DE LA LEY"
En cuanto al llamamiento de la Confederación Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), para que las familias no compren los libros de texto, como consecuencia de la aplicación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), el presidente de los editores ha advertido de que estas empresas emplean a 36.000 personas en España y que "muchas de ellas" son padres de alumnos.
"Aun entendiendo perfectamente los movimientos sociales, hay una normativa clara sobre quienes tienen la prerrogativa de tomar estas decisiones sobre los libros de texto: el equipo de coordinación pedagógica de los centros y los profesores", ha recordado.
Por último, Moyano ha pedido "responsabilidad" y "cumplimiento del marco jurídico" a las administraciones educativas y a los partidos de la oposición que reclaman una paralización de la LOMCE --el curso que viene continúa su implantación en 2º y 4º de Primaria, 1º y 3º de la ESO y 1º de Bachillerato--. "No podemos estar en continua campaña electoral y al albur de lo que se le ocurra a cada uno", ha alertado.
