Un total de 98 mujeres de Castilla-La Mancha disponían a cierre de este 2019 de un Dispositivo de Localización Inmediata (DLI) por estar en situación de riesgo al ser víctimas de violencia de género. Se trata de un aparato de telefonía móvil de uso restringido que solo permite llamar al Servicio de Atención de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha y del que disponen 30 mujeres en Albacete, 19 en Ciudad Real, 16 en Cuenca, 3 en Guadalajara y 30 en Toledo.
Así lo ha indicado en una entrevista a Europa Press la consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, después de que el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial desvelara que de las 513 órdenes de protección incoadas en Castilla-La Mancha en el tercer trimestre del este año solo se adoptaron 385.
Fernández ha explicado que la asignación de dichos Dispositivos de Localización Inmediata, que son un sistema complementario al del Gobierno central, se solicita a través de la Red de Centros de la Mujer del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha cuando los expertos estiman que se debe proteger a ciertas usuarias para las que la justicia determina que no cabe orden de protección.
"No somos quién para enmendar la plana a la justicia, pero establecemos ese sistema de protección a las mujeres que lo demandan y lo requieren, incluso a veces en situaciones en las que sí hay orden de protección. A veces, dichas medidas se reducen a una orden de alejamiento en un pueblo de 500 habitantes, lo que provoca que sea la víctima la que acabe yéndose del municipio o que quede totalmente desprotegida", ha señalado.
"Entendemos que estamos siendo muy útiles, porque las mujeres se sienten más protegidas y objetivamente lo están", ha defendido Fernández, que de este modo se ha referido al caso ocurrido en Calera y Chozas, donde agentes de la Guardia Civil pudieron detener el pasado 13 de diciembre a un varón que agredió con un arma blanca a una mujer después de que esta hubiera pulsado el dispositivo Telefónico de Atención y Protección a víctimas de la violencia de género (Atenpro).
Este, ha especificado la consejera, es otro programa de ámbito estatal que da cobertura a mujeres víctimas de violencia de género que se encuentran en situación de riesgo, que se presta a través de un terminal de telefonía móvil que permite la localización vía satélite y el contacto permanente con la mujer protegida, las 24 horas del día, los 365 días del año, de tal forma que ante cualquier situación que lo requiera, la usuaria recibe una atención inmediata por parte de personal especializado.
Casi a cierre de diciembre de este año, en la región había un total de 726 beneficiarias del programa Atenpro, 142 en Albacete, 147 en Ciudad Real, 70 en Cuenca, 94 en Guadalajara y 273 en Toledo.
ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE AGRESIONES
De otro lado, la consejera ha hablado de que su departamento está negociando la prestación el Servicio de Intervención Integral en caso de agresiones sexuales, toda vez que el acuerdo suscrito con la Asociación de Mujeres para la Formación y el Desarrollo (AMFORMAD), por valor de 230.000 euros, finaliza este mes de diciembre.
La firma de este acuerdo con dicha asociación generó controversia en los colegios de abogados de Castilla-La Mancha, que prestaron este servicio hasta 2018, pues defendían que a través de los turnos especiales de Violencia de Género, los colegios ofrecían esta prestación.
"El Gobierno trabaja para mantener este servicio. Estamos en negociaciones. Me gustaría tener la mejor asistencia posible a las mujeres, que bastante trauma sufren cuando pasan por un trance como este, como para que una corporación de derecho público y un Gobierno regional se tiren los trastos a la cabeza", ha dicho la consejera.
"Estamos intentando un acuerdo con el Colegio de Abogados. Está muy verde, me gustaría cerrar con ellos la decisión final. Con la AMFORMAD, como consejera, no me he reunido. No creo que sea necesario. Presta una magnífica asistencia en terapia psicológica que contribuye a que las mujeres superen relativamente bien un trauma como es este. Entendemos que es un servicio imprescindible" ha defendido.
Luego de afirmar que su departamento ha de estudiar este asunto para tomar finalmente una decisión, que aún no sabe si será "combinada", Blanca Fernández ha finalizado mostrando su intención de llegar a un acuerdo con el Colegio de Abogados de Castilla-La Mancha "en este asunto o en materia formativa, porque tienen mucho interés". "Ahí podemos encontrar fórmulas para entendernos sin dificultad", ha subrayado.
LEY LGTBI EN ESTE PRÓXIMO AÑO
Por otra parte, la consejera de Igualdad ha mostrado su intención de abrir la redacción del proyecto de ley para la protección de los derechos de colectivo de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales (LGTBi) a los partidos políticos con representación en la región, pero excluyendo a Vox, y se ha mostrado confiada en que el texto vea la luz este próximo 2020.
La responsable de Igualdad castellano-manchega ha explicado que el proyecto que redacta su departamento "asume toda la filosofía" de la proposición de ley que, en la pasada legislatura, presentó Podemos en las Cortes regionales.
"Pero el proyecto de Podemos era un corta y pega no demasiado bien elaborado ni trabajado con los colectivos. El Gobierno ha de contar con ellos y con los partidos políticos para que sea una ley muy consensuada", pues, según Fernández, Castilla-La Mancha es una de las regiones que adolece de esta normativa.
"Creo que, en principio, vamos a estar en buena sintonía con Ciudadanos y, ojalá pudiese ser así con el PP", ha expresado Fernández, que, de igual modo, ha hablado de integrar en la redacción a IU y Podemos, pero no a Vox. "No tenemos nada de lo que hablar con ellos y además sabemos que, si lo hacemos, sería para recortar derechos", ha lamentado.
FASE DE REDACCIÓN
Luego de expresar que su departamento está abierto a acoger lo que planteen los colectivos de cara a la redacción, "si prefieren reuniones individuales con cada uno de ellos o crear un grupo de trabajo", Fernández se plantea abordar esta fase de fabricación durante los primeros seis meses del año para, a partir de ahí, iniciar el trámite parlamentario oficial.
"Si todo va bien, en el primer periodo de sesiones de las Cortes, a la vuelta de verano, podríamos registrar este proyecto", ha señalado Fernández, que confía en que la ley vea la luz este 2020.
En cuanto a la memoria económica que debe acompañar a esta norma, tras precisar que a través del Instituto de la Mujer ya hay programas dirigidos "a evitar la discriminación al colectivo", ha defendido que la de LGTBi es una norma que viene a proteger derechos, más que a prestar servicios. "Por eso no es una ley que vaya a traer muchos gastos al Gobierno regional", ha zanjado.
PROYECTO DE PODEMOS
Y sobre la posibilidad de que el Sescam proporcione la reconstrucción genital a los transexuales, como recogía la Proposición de Ley de Podemos, la consejera de Igualdad, que ha precisado que hay que plantear las cosas de "manera sensata", ha explicado que el servicio sanitario no tiene una unidad especializada en cambio de sexo y que las personas "no son conejillos de indias".
"No se trata de dar buenos titulares para luego hacer malas operaciones. Hay que ser serios, y lo primero es analizar la capacidad del Sescam y ofrecer lo que seamos capaces de ofrecer con garantías".
De igual modo, y preguntada sobre si la ley que elabora su departamento contempla que el servicio regional de Salud garantice tratamiento hormonal para las personas transexuales, en particular en el caso de los menores de edad, tal y como propuso la formación morada, Fernández ha asegurado que debería haber una unidad regional de referencia, y para ello su departamento va a abordar esta cuestión con el Sescam.
"Sobre si hay que hormonar o no a menores es una decisión médica, no política, que hay que trabajar de forma individual y en la que los políticos no tenemos nada que ver. Tienen que decidir las familias y los profesionales sanitarios", ha concluido.
