Las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) tienen encomendados 28,2 millones de euros este 2015 para la extinción y prevención de incendios forestales, a través de la empresa pública TRAGSA, según se desprende de una respuesta en el Congreso al PSOE, que ha sido recogida por Europa Press.
En concreto, los diputados del PSOE Pilar Lucio, Félix Lavilla y Laura Seara, preguntaban al Gobierno por la cuantía que recibe la empresa TRAGSA en la adjudicación directa del Gobierno de los trabajadores de las BRIF, coincidiendo precisamente con que este sábado llevan noventa días de huelga.
En la respuesta parlamentaria, el Ejecutivo señala también que en ese importe están incluidos gastos de personal, las horas extraordinarias del personal, los vehículos y kilometraje extraordinario, el régimen campamentario, los gastos higiénico-sanitarios, los equipos complementarios y consumibles de brigadas, las telecomunicaciones, el mantenimiento de bases, o el de los equipos de protección individual, por ejemplo.
Las BRIF se encuentran en huelga desde el pasado 28 de julio, la primera que realizan desde que comenzase su actividad en 1992. Son trabajadores dependientes del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, pero están contratados por la empresa pública TRAGSA.
Los trabajadores de las BRIF exigen cambiar de categoría laboral para pasar de peones de montes a bomberos forestales, puesto que, aunque esta categoría ya está reconocida en el catálogo profesional, la empresa estatal Tragsa se resiste a cambiarla pesar de que "no supondría subida salarial".
Sin embargo, quieren este reconocimiento porque consideran que tienen un trabajo "penoso" que, de ser reconocido, les daría opción a una jubilación anticipada o al reconocimiento de determinadas enfermedades profesionales.
Desde junio han mantenido una decena de reuniones con TRAGSA para alcanzar un acuerdo, pero sin éxito. Además, este pasado martes mantuvieron un encuentro con la ministra del ramo, Isabel García Tejerina, en la sede del departamento de Medio Ambiente, donde ésta reconoció que no podía hacer nada en cuestiones laborales, si bien indicó que iba a hacer "un esfuerzo" sobre su reivindicación de mejorar su categoría profesional.
