La consejera de Bienestar Social de Castilla-La Mancha, Aurelia Sánchez, confía en que el trámite parlamentario del proyecto de ley de protección y apoyo garantizado para personas con discapacidad -que prevé que comience en abril- sea rápido y que el texto pueda ser aprobado por unanimidad.
Sánchez aporta en una entrevista concedida a la Agencia Efe el calendario previsto para la aprobación de la ley de protección para personas con discapacidad y señala que, tras ser aprobada en el Consejo de Gobierno el 20 de marzo y remitida a las Cortes dos días después, se baraja que la Mesa del parlamento pueda calificar el proyecto de ley en la semana del 9 de abril.
Tras su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes comenzaría el plazo para presentar enmienda a la totalidad y enmiendas parciales, ante lo cual Sánchez admite que "no cabe en la cabeza ahora mismo que un grupo político pueda hacer una enmienda a la totalidad ni muchísimo menos" a este proyecto de ley, mientras que afirma que el Gobierno regional estará "abierto a todas las propuestas, todas las enmiendas que se presenten".
"Esperamos que todo el trámite parlamentario sea rápido, que entre en este periodo de sesiones y que se apruebe por unanimidad", expone Sánchez, que destaca que el texto presentado es "una ley sencilla" que no es comparable a ninguna que existe en otra comunidad autónoma ni en otros países europeos.
Por ello, afirma que sería un orgullo que Castilla-La Mancha pueda ser ejemplo para otras regiones con esta ley que "tiene un articulado muy asequible y que quiere dar tranquilidad a las familias y seguridad a las personas con discapacidad", porque "es una ley básica de defensa de los derechos de las personas más vulnerables".
Así y tras subrayar que la ley ha sido "trabajada concienzudamente, sobre todo con el Cermi, porque es una ley dirigida a las personas con discapacidad, y con los expertos" propone, si algún grupo parlamentario tiene dudas sobre si votará a favor o no, que "hablen con unos padres un día, porque cuando hablen con ellos lo van a tener clarísimo".
La titular de Bienestar Social también analiza el notable con que el Observatorio Estatal de la Dependencia que evalúa la aplicación de la ley de Dependencia ha calificado el trabajo de Castilla-La Mancha en la aplicación de la ley de dependencia y recuerda que la región acabó la pasada Legislatura con un suspenso.
"Es sacar buena nota cuando un examen te lo has preparado de verdad. Esto no ha venido gratuitamente", valora la consejera, que subraya que el Observatorio tiene en cuenta "muchos criterios" y aplica los mismos indicadores a todas las comunidades autónomas y todos los años, al tiempo que señala la responsabilidad de mantener la calificación.
En cuanto a las personas que se encuentran en el denominado "limbo de la dependencia", es decir, aquellas personas que han solicitado una valoración para acceder a una prestación o la revisión de su grado de dependencia, Sánchez subraya que "no es tanto la cantidad de gente que hay esperando, sino que la gente espere poco tiempo".
Así, destaca que la tendencia es que se cumplan los plazos de espera para una valoración, que según la ley está establecido en los seis meses, mientras que destaca que una revisión es "más rápida" y puede ocurrir que se pida y se efectúe en la misma semana.
"Intentamos tener el menos limbo posible", afirma la consejera, que subraya que en esta Legislatura se ha duplicado el número de personas que solicitan valoración o revisión, que -recalca- ya no tienen que pagar tasas por solicitarla.
Por otro lado, Sánchez también señala que su departamento trabaja para "poner en papel" el catálogo de servicios sociales que establece la ley, aunque asevera que "en la práctica ya está" y resalta que uno de los principios transversales de la Consejería desde que tomó posesión ha sido "ordenar", pues afirma que tras la pasada Legislatura, se encontró una Consejería "con un presupuesto precario, con sensación de desconcierto y desorganización".
También analiza la puesta en marcha del Plan de Garantías Ciudadanas, "un plan transversal del Gobierno regional" en el que se coordinan las políticas de empleo, sociales, educativas y de vivienda que van dirigidas a las personas con dificultades económicas y sociales.
"Seguimos trabajando en coordinar todas esas políticas, en particular desde Bienestar Social tenemos muchísimas medidas puestas en marcha", afirma Sánchez, que cita, entre otras, el Ingreso Mínimo de Solidaridad que se ha subido a lo largo de la Legislatura desde los 372 euros hasta los 446, y el plan de pobreza energética, ya que destaca que Castilla-La Mancha fue la primera región en poner uno en marcha.
Por todo ello, Sánchez subraya que, con el Plan de Garantías Ciudadanas, conseguirá "coordinar todas estas políticas de manera muy efectiva, para que en Castilla-La Mancha las personas vivan mucho mejor, están más protegidas y tengan las prestaciones de todo tipo que necesiten".
TERMALISMO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Por otra parte, la consejera de Bienestar Social anuncia que, por primera vez, la región ofrecerá una línea de termalismo social para personas con discapacidad y sus familiares, que podría comenzar en mayo, pues la Consejería ya trabaja en el procedimiento para su puesta en marcha.
Durante la entrevista con Efe, Sánchez valora la creación de esta nueva línea del programa de termalismo social y desvela que fue una demanda que el colectivo con discapacidad transmitió directamente al presidente regional, Emiliano García-Page.
Además, Sánchez recuerda que también en esta Legislatura se ha puesto en marcha un programa de termalismo terapéutico, para personas enfermas de alzheimer y sus familiares y también para personas con parkinson y sus familiares.
En general, la consejera de Bienestar Social asevera que el programa de termalismo social para las personas mayores es "una maravilla", ya que reporta beneficios no solo durante los cinco días que los mayores están en los balnearios, sino también en los días sucesivos, al tiempo que destaca que en Castilla-La Mancha es un "programa muy económico", ya que el Gobierno regional subvenciona el 40 % del coste.
También subraya que el programa de termalismo social permite que los balnearios estén abiertos casi todo el año y apunta que éstos generan más de 600 empleos directos y 1.700 indirectos.
"El éxito es cada vez mayor. Ahora en el primer plazo ha habido casi 1.800 solicitudes, con lo que están casi todas las plazas cubiertas, y en el segundo plazo se van a incrementar más, porque antes del verano" suele haber más demanda, señala la consejera.
La consejera también aborda la firma de convenios con ayuntamientos para financiar los servicios sociales y señala que este año se firmarán con 677 ayuntamientos, al tiempo que desvela que ya se han comenzado a firmar con algunas corporaciones locales.
Sánchez recuerda que en 2017 el Gobierno regional aunó todos los convenios que firmaba con los ayuntamientos en el ámbito de los servicios sociales en un Marco de Concertación, que supone que en un único convenio "se firma toda la financiación" para las entidades locales para hacerlo "más rápido, más fácil y más ágil".
La consejera, que recalca que ya se han comenzado a firmar estos convenios del marco de concertación con algunos ayuntamientos en marzo, resalta asimismo que también supondrá que los consistorios reciban un 19 % del total de la cuantía que les corresponda hasta mayo y, de ese mes en adelante, recibirán mensualmente las aportaciones respectivas.
También subraya que, desde el inicio de Legislatura, la inversión en estos servicios sociales se ha incrementado en un 21 %, si bien lamenta que en el anterior mandado la aportación cayó un 60 %.
En concreto, señala que una de las prestaciones que más se ha incrementado ha sido la ayuda a domicilio, que ha pasado de 34 a 40 millones, y de la que el año pasado se beneficiaron más de 20.000 personas.
