Castilla-La Mancha ha registrado en 2018 un "muy ligero descenso" en el número de procedimientos penales, lo que contrasta con el "sensible aumento" de los delitos contra la vida y contra la libertad sexual, dado que estos últimos han aumentado un 17 por ciento, en especial los relacionados con menores.
Son algunas de las conclusiones que se extraen de la Memoria Anual de la Fiscalía de Castilla-La Mancha de 2018 que ha presentado en la Comisión de Servicios Generales de las Cortes regionales el fiscal superior castellano-manchego, José Martínez.
Previamente, en rueda de prensa, Martínez ha detallado que los delitos contra la libertad sexual han crecido un 17 % y ha hecho hincapié en que "se advierte un incremento en las cifras de los delitos contra menores".
De hecho, la Memoria cifra en 218 los delitos por agresión sexual y violación, 58 más que en 2017 (36 %) y en 266 los casos de abuso sexual, 54 más que el año anterior (25 %).
También sitúa en 116 los delitos contra la libertad sexual en menores de 16 años, 31 más que en 2017, lo que supone un 36 % más que el año anterior.
En este punto, el fiscal ha resaltado que ha variado la forma de actuar de los tribunales, que han incorporado medidas como la declaración por videoconferencia o mamparas para la protección de las víctimas.
Martínez ha avisado también de "un importante aumento" de los casos relacionados con violencia de género, expedientes incoados y medidas cautelares al respecto, que han registrado "la cifra más elevada de toda la década", ha dicho.
Según la Memoria, en relación con las diligencias urgentes y juicios rápidos, se han incoado 58 menos que en 2017, 3.550 en 2018 frente a los 3.608 de 2017, y también hay una "leve disminución" en la incoación de procedimientos abreviados competencia del Juzgado de lo Penal, que han pasado de 769 en 2017 a 688 en 2018.
El terreno donde se ha producido un incremento ha sido la incoación de diligencias previas, que han pasado de 1.511 en 2017 a 1.744 en 2018, como también los escritos de acusación, de 2.008 en 2017 a 2.775 en 2018, es decir, 767 más, que supone un incremento del 38 por ciento.
Igualmente, hay "notables incrementos" en sentencias condenatorias, que han pasado de 1.205 en 2017 a 1.360 en 2018, "aumentando considerablemente" las de conformidad, de 685 en 2017 a 1.004 en 2018.
Además, destaca el "descenso acusado" de las sentencias absolutorias, de las 916 en 2017 a las 655 en 2018.
También los datos referentes a las medidas cautelares revelan "un poderoso aumento" de la prisión provisional, que ha pasado de 39 en 2017 a 67 en 2018, lo que supone un 47 % más en la adopción de la medida más restrictiva de libertad.
Por su parte, en el terreno de la orden de protección se han adoptado 1.262 en 2018 frente a las 1.244 en 2017, lo que revela "un levísimo repunte al alza", aunque en este terreno "lo más significativo" es que se han denegado menos órdenes de protección, pasando de 205 en 2017 a 184 en 2018.
El fiscal ha señalado que un aumento de las cifras en ambos casos puede ser "un buen dato", en la medida en que puede significar "un refuerzo de la respuesta penal ante una determinada modalidad de delincuencia".
Y ha agregado que, a los delitos contra la libertad sexual y por violencia de género, hay que sumar los 49 homicidios dolosos y asesinatos registrados, una cifra "muy por encima de la media de los últimos cinco años", así como "un importante aumento" de las diligencias incoadas por lesiones dolosas.
Con todo, ha hablado de "estabilidad" en el caso de delitos contra el patrimonio, contra la Hacienda Pública y en casos de falsedad y de descenso en delitos contra el honor y contra la Administración pública.
Además, ha explicado que 2018 ha sido un año donde se ha querido dar "un impulso" a la solución negociada mediante sentencias de conformidad y ha recordado que la provincia de Toledo absorbe más de la tercera parte de los asuntos penales.
En cuanto a medios materiales y humanos, ha indicado que el "estancamiento" de las plantillas de fiscales se arrastra desde años anteriores, aunque ha reconocido "avances importantes" en infraestructuras en Guadalajara, Albacete y la provincia de Toledo, al tiempo que ha admitido el incremento de la carga de trabajo que ha supuesto la digitalización.
Por parte de los grupos parlamentarios, la portavoz del grupo socialista, Ana Abengózar, ha afirmado que le han llamado la atención y "no gratamente" los datos de delitos contra la libertad sexual y ha incidido en que el informe da "las claves" de por dónde hay que seguir trabajando y legislando.
De otro lado, la portavoz del PP, Lola Merino, ha destacado la necesidad modernizar la Justicia y de que existan juzgados especializados en todas las provincias, mientras que el parlamentario del grupo Ciudadanos David Muñoz ha resaltado que esta memoria es "una buena forma" de ver dónde están las debilidades y las fortalezas y ha agradecido el trabajo realizado.
