Los ayuntamientos de Castilla-La Mancha se van a beneficiar de 3,7 millones de euros consignados a esta región para financiar proyectos o programas de lucha contra la violencia de género, que en el conjunto del país asciende a 40 millones de euros.
Se trata de la aportación a las entidades locales aprobada en la Conferencia Sectorial de Igualdad, destinada al desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género (PEVG), ha informado en un comunicado la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha.
Los ayuntamientos de Castilla-La Mancha se van a beneficiar de 3,7 millones de euros para financiar proyectos o programas de lucha contra la violencia de género y, de hecho, el Boletín Oficial del Estado acaba de publicar el reparto por municipios de esas cantidades
El delegado del Gobierno, Francisco Tierraseca, ha señalado que esta distribución beneficia “a todos los municipios de Castilla-La Mancha”, a los que permitirá "impulsar políticas y acciones para frenar y reducir" la violencia de género.
Por provincias, de forma global, Albacete distribuirá, entre sus municipios, 445.519 euros; Ciudad Real dispondrá de 679.570 euros; Cuenca repartirá entre sus entidades locales 595.239 euros; Guadalajara tendrá a su disposición 568.283 euros, y la provincia de Toledo contará con 1.451.898 euros.
La resolución establece, asimismo, que los programas financiados con cargo a estos fondos abarcarán el período de ejecución comprendido entre 1 de julio de 2021 y el 30 de junio de 2022.
En el caso de que los fondos se ejecuten por mancomunidades de municipios o comarcas, éstas deberán aportar acuerdo o instrumento jurídico que las habilite a ejecutar actuaciones destinadas a la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres o contra la violencia de género.
Además, a la hora de repartir la totalidad de los fondos, se han tenido en cuenta distintas variables y ponderaciones como el número de municipios incorporados al Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VIOGEN), y en los que están empadronadas víctimas usuarias del Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de la violencia de género (ATENPRO).
También se valoran cuestiones como el número de mujeres con trabajo temporal o en situación de desempleo, mayores de 65 años, extranjeras y con discapacidad, así como la dispersión poblacional y la población rural, ha precisado la Delegación del Gobierno.
