Astray tasa en 45 los jueces que faltan en Castilla-La Mancha y avisa sobre la ley de Eficiencia

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM), María Pilar Astray, ha hecho cálculos del número de plazas de jueces que faltarán una vez entre en vigor la tercera fase de aplicación de la ley de Eficiencia en el sector, apuntando a un total de 45 vacantes por cubrir a partir del próximo 1 de enero.

En una entrevista con Europa Press, Astray ha dicho al respecto de esta ley que, si bien su objetivo es el de hacer más eficiente la prestación de la justicia en todo el país, nace muerto si la norma no viene acompañada de más presupuesto.

La falta de plantilla de jueces hace que la prestación de la justicia en Castilla-La Mancha se vea "perjudicada" a la hora de repartir recursos en un campo en el que "queda por hacer bastante".

Tras la implantación de la primera fase de la ley de Eficiencia a la que se está sometiendo el sector en este 2025, resta abordar la puesta en marcha de la tercera fase, tal y como ha recordado, añadiendo que las reformas "pueden tener eficacia o no".

Con todo, argumenta que esa eficiencia que busca la nueva legislación no podrá conseguirse si no hay más recursos, y una ley "que viene con cero presupuesto" hace "muy difícil" que se puedan cumplir los objetivos.

Tras reparar en que ya se ha informado de las objeciones planteadas desde el Alto Tribunal castcellanomanchego, ha incidido en que como jurista lo único que puede hacer es aplicar la ley aunque no esté de acuerdo con ella.

Eso sí, una vez culmine el 31 de diciembre la implantación de la tercera fase, la justicia de la región seguirá reclamando, al menos, 45 jueces más.

"De todas nuestras reclamaciones, el CGPJ ha entendido prioritarias un total de 10, y otras 5 imprescindibles, pero no prioritarias. Hemos pedido la reconsideración", ha afirmado la presidenta del TSJCM.

En este punto, ha dejado como reflexión la necesidad de que los poderes políticos tomen conciencia de que dotar de plazas de jueces a los juzgados, por ejemplo para solventar causas en ámbitos mercantil y laboral, puede ser "un aliciente a la inversión y al desarrollo económico".

"Para la población es mucho mejor mantener una estructura que resuelva los conflictos pronto", insiste, mostrándose en todo caso pesimista. "Ojalá se diera ese cambio, pero llevo más de 30 años en la carrera judicial y todavía no lo he visto".

Para Astray, conseguir más rapidez en la resolución de litigios puede también servir para dar más sensación de seguridad a la ciudadanía. "Que se ejecuten las penas con rapidez y celeridad también importa al ciudadano, pero también las relaciones laborales, si nos deben el salario, si tenemos que resolver un conflicto colectivo, o los procesos de familia. Es importante una justicia que no sea tardía".

"PUNTOS NEGROS" EN EDIFICIOS JUDICIALES

Las peticiones de Astray van más allá de la necesidad de ampliar la plantilla de jueves, y es que las infraestructuras judiciales en Castilla-La Mancha, también necesitan un impulso.

Tal y como relata, una vez conseguida la financiación para reformar los juzgados de Torrijos y con las mejoras en Illescas o Talavera también en marcha, restan algunos otros "puntos negros" que necesitan inversión.

Cita en este apartado, por ejemplo, la planta bajo cubierta del edificio de los juzgados de Toledo, "que se ha quedado pequeña" para las nuevas plazas, además de que la capital regional "está en constante crecimiento poblacional".

Una situación que se va resolviendo con alquileres puntuales y provisionales, estrategias que "son a la larga más costosas y menos útiles para que el servicio público se dé con más eficiencia".

El Instituto de Medicina Legal de Albacete es "otro punto negro" ya que se necesita "tener un edificio donde poder prestar servicios con dignidad", alto que "también es importante".

Astray también ha citado los avances en materia de digitalización, donde "queda mucho camino por recorrer"; a lo que ha sumado la necesidad de avanzar en materia de accesibilidad. "Nos queda implementar la IA en procesos de tramitación guiada, lo que haría todo más rápido", ha rematado al respecto la presidenta.

CAUSAS DE VIOLENCIA MACHISTA EN GUADALAJARA

En otro orden, la presidenta del Alto Tribunal ha apuntado que preocupa "sobremanera" la situación del juzgado de Guadalajara con competencia en violencias contra la mujer, y es que se ha intentado tramitar otro nuevo refuerzo en esta instancia, lo cual está resultando complicado, porque según su relato, primero "tiene que haber un compañero dispuesto a suplir voluntariamente ese juzgado" que sería, en todo caso, si relevación de sus funciones.

Astray ha explicado que de esta forma, quien se haga cargo de estos asuntos no podría liberarse de los suyos propios, algo que dificulta la elección de quien puede asumir las causas sobre violencia machista, ya que "no todo el mundo está dispuesto a echarse sobre el hombro más asuntos".

Con este escenario, se está intentando localizar a un candidato o candidata, algo que ya va por la tercera vez que se pretende. "Hemos publicado más de una vez los candidatos que se presentaban, pero tenían sus órganos muy sobrecargados, y por eso el Servicio de Inspección del Consejo General del Poder Judicial no es favorable".

Así, la clave del problema está en que, si bien hasta dos candidatos han planteado su disposición para afrontar las causas por violencia machista en Guadalajara, no se ha dado el visto bueno. "Estamos intentando buscar algún candidato", afirma, algo que se realiza por tercera vez

Toca ahora que la Inspección de luz verde una vez valore las condiciones del juzgado del que el candidato es titular, para ver si se le pudiera relevar de sus actuales funciones.

"Quiero mantener el optimismo y que se entienda la especial situación en la que nos encontramos. Es un juzgado muy sobrecargado con arreglo a la propia sustitución de sus asuntos, y además hay más violencia. Hasta el 31 de diciembre no tendremos plaza especializada, por lo que este refuerzo se necesita más", ha zanjado al respecto.

PULSERAS ANTI MALTRATO SIN FALLOS EN C-LM

Sobre la reciente polémica del mal funcionamiento de las pulseras anti maltrato, ha asegurado no tener "ningún dato estadístico" que deje claro que han existido fallos en Castilla-La Mancha.

Aunque pueda haber "problemas puntuales" relacionados con el aspecto tecnológico o con "fallos de cobertura", ha pedido concienciar a la sociedad de que se trata de solo uno de los mecanismos de protección que se pueden poner a disposición de las víctimas.

En esta línea, es partidaria de "invertir más dinero en seguridad y prevención" para mejorar la lucha contra el problema estructural de la violencia machista.

Una violencia que, tal y como ha dejado claro ante negacionistas, "existe, porque ahí están los datos y el número de mujeres asesinadas".

"Hay posturas negacionistas se asientan en negar que exista un problema de discriminación en esos actos de violencia", apunta, lamentando que no se entiende la "percepción subjetiva" de quien no asimila como violencia contra la mujer "insultos o amenazas" a su pareja.

CAMBIO MODELO DE INSTRUCCIÓN

La presidenta del TSJCM se ha pronunciado sobre la posibilidad de reformas legislativas encaminadas al cambio de modelo en la fase de instrucción de las causas para que el Ministerio Fiscal pueda asumirlo.

Entiende que tanto el sistema de la instrucción por juez, como el sistema de la instrucción por fiscal, "lo que tienen que estar es dotados de las garantías suficientes". "El doble sistema, a veces de revisión, primero fiscal, luego juez, a lo mejor alargara sobremanera la instrucción", asevera Astray.

Aunque tomar la decisión es una "cuestión de política legislativa" que de momento "no compete" al Poder Judicial, asegura que "en algún momento hay que dar ese salto".

Pero si el Ministerio quiere dar alguna vez ese salto, "tiene que hacerlo con un armazón de todas las garantías para la necesaria independencia del Ministerio Fiscal".

DESCARTA QUE PEINADO QUIERA INFLUIR EN POLÍTICA

Por otra parte, la nueva presidenta del TSJCM ha descartado que la intención del juez Peinado en la instrucción de las causas que afectan a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, sea la de influir en política, subrayando que si hay indicios de la comisión de un delito, lo normal es investigar.

Astray ha querido dejar claro que no es oportuno hablar de las instrucciones de otro juez, ya que no conoce al detalle los movimientos de una fase que por el momento es secreta, ha dicho que es "evidente" que los procesos judiciales afecten a la política, como por ejemplo y según recuerda quedó demostrado con la moción de censura que aupó a Pedro Sánchez al Gobierno.

Una instrucción "más ágil o menos ágil" contra la mujer del presidente que "tiene su ritmo y sus circunstancias" y en la que podrá haber "decisiones más correctas o menos correctas" y que "se podrán discutir jurídicamente o no".

"Los jueces a veces no somos infalibles y hay distintas opiniones jurídicas", admite, si bien asegura que no puede afirmarse que el juez Peinado esté "buscando ex profeso una influencia política", algo que en todo caso sí que hacen los partidos políticos, quienes "utilizan" causas judiciales para "buscar una consecuencia política".

Con todo, pide "normalizar" que haya procesos de investigación sobre una persona desde la presunción de inocencia, ya que si hay "indicios" de que un alto cargo o su pareja ha cometido un hecho delictivo, "habrá que investigarlo".

Siempre desde la premisa de que una investigación "no es una condena". "Hay que normalizar que pueda haber esas investigaciones, que no son una condena, para llegar a un punto de serenar el debate", ha zanjado al respecto.

LA POLARIZACIÓN POLÍTICA "LASTRA A LAS INSTITUCIONES"

En otro orden de cosas, asegura Astray que el debate político polarizado afecta a todo, y también al Poder Judicial, del mismo modo que "cualquier incidencia o cualquier fallo en cualquier ámbito genera un debate político muy posicionado y se utiliza como arma para desacreditar al otro".

"Vivimos en una sociedad polarizada que lastra la confianza en las instituciones y en el propio sistema", considera Astray, quien pone como ejemplo los problemas técnicos de las pulseras anti maltrato. "Usar eso como arma política genera inseguridad. Estamos haciendo un flaco favor a la sociedad".