La Asociación de Residencias de la Tercera Edad de Castilla-La Mancha (Artecam) defiende las medidas del borrador de la orden de conciertos, presentado por el Gobierno de Castilla-La Mancha, pero reclama una “financiación justa” que supone establecer el precio del concierto en 67,67 euros por usuario y día frente a los 53,29 euros actuales.
También solicita que el precio sea igual para todos los grados de Dependencia, ya que los servicios que se prestan son los mismos para todas las personas usuarias, con independencia del grado que presenten, ha informado la entidad en un comunicado.
El presidente de la patronal de residencias de la tercera edad de la región, Francisco José Núñez Alía, ha explicado que subir alrededor de 2 euros las tarifas del concierto -hasta 51,24 euros para el máximo grado de Dependencia, 50 euros para el grado II y 41,35 euros para el grado I y 33,32 para aquellos de grado cero o sin grado reconocido- "impiden sostener la realidad del sistema asistencial en la comunidad y aplicar nuevas medidas".
Sólo un incremento del precio de la plaza concertada hasta los 2.030 euros -a razón de 67,67 euros diarios por usuario- y una tarifa plana para todos los niveles de Dependencia permitirán, a juicio de Artecam, asumir los costes derivados de la atención a las personas, mejorar las condiciones económicas de los trabajadores, asumir las subidas del IPC y el reto de caminar hacia el nuevo modelo centrado en la persona.
Para Núñez Alía, no es de recibo que el Gobierno de Castilla-La Mancha pretenda congelar las tarifas y que, en cambio, obligue a incrementar de un 0,40 % a un 0,47 % la ratio de personal de atención directa, dejando fuera al personal sanitario, ya que esto supone mantener el precio del concierto pero exigir contratar a más trabajadores.
“Están en juego muchos empleos de personas que lo están dando todo, como lo están demostrando también con su compromiso de vacunación, y muchas empresas en el medio rural, ya altamente despoblado”, ha dicho el presidente de Artecam, que no comprende cómo “por un lado se ponen en práctica medidas contra la Castilla-La Mancha despoblada y por otro no se dan respuesta a las necesidades del sector”.
“Nos gustaría que el Gobierno de García Page nos escuchara y tuviera en cuenta la voz de los trabajadores, de las personas y de las personas a las que van dirigidas sus políticas y defiendan sus derechos”, ha resaltado.
