El sindicato Anpe ha puesto de manifiesto la necesidad "urgente" de un pacto educativo, político, social y territorial para evitar la "brecha" educativa entre las comunidades autónomas.
El sindicato, en un comunicado, se refiere así en relación al informe Pisa sobre trabajo en equipo realizado en el conjunto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que incluye en su evaluación a 32 países miembros y otras 19 naciones y economías asociadas.
Anpe ha señalado que el informe, una vez más, muestra las "grandes diferencias" entre las comunidades autónomas.
Así, Madrid, con 519 puntos, se sitúa a la altura del Reino Unido y Castilla y León (517) está como Suecia, los alumnos castellano-manchegos se sitúan, con una nota de 497, un punto por encima de la media nacional, y más abajo de la lista se encuentran Canarias y el País Vasco (484), Andalucía (483) y Extremadura (474), que se coloca al nivel de Bogotá (Colombia) y Rusia.
Entre la mejor y la peor autonomía distan 45 puntos que, en la terminología del informe Pisa, viene a ser el equivalente a más de un curso escolar de distancia y la OCDE considera estas diferencias "significativas".
En la comparativa de países, España obtiene 496 puntos, lo que la sitúa en la media que se encuentra en torno a 500 puntos.
Anpe ha señalado que el informe muestra "de nuevo, con reiteración", los puntos débiles del sistema educativo: la necesidad de coherencia y vertebración del sistema, la rigidez de la estructura, un modelo pedagógico que favorece el abandono de los alumnos y una formación profesional que merece ser puesta en valor.
Para el sindicato, es imprescindible un pacto de Estado político, social y territorial que vertebre el sistema educativo de manera que se eviten las enormes desigualdades entre comunidades autónomas.
Asimismo, ha propuesto elaborar una ley de financiación de la enseñanza, con un aumento del gasto público destinado a la educación hasta al menos un 6 %, teniendo en cuenta, ha advertido Anpe, que los recortes presupuestarios en los últimos años han reducido el gasto educativo hasta un 4,1 % actual, lo que aleja a España cada vez más de los países de la UE.
También debe ser prioritaria la atención al profesorado para lo cual es imprescindible legislar un estatuto docente, que contemple sus derechos y deberes, su valoración y dignificación ante la sociedad, y una verdadera carrera profesional que haga la docencia más atractiva y motivadora.
