El sindicato de docentes ANPE ha pedido al Ministerio de Educación y las consejerías autonómicas que publiquen los datos reales de cualificación académica y profesional inicial y continua del profesorado de la educación pública.
El objetivo, según un comunicado, es mostrar cuál es la verdadera situación de la profesión docente, ahora "puesta en entredicho" por un informe de una administración educativa sobre las oposiciones de maestro de 2011, en alusión a la Comunidad de Madrid, aunque sin citarla explícitamente.
Para ello ANPE acaba de presentar una resolución en este sentido en el Consejo Escolar del Estado dirigida al Ministerio de Educación y hará lo mismo en los órganos autonómicos consultivos de educación para pedir que las consejerías publiquen esa información.
De esta manera, el sindicato emprende una campaña de reconocimiento social del profesorado con el lema "La verdad de la profesión docente".
Según ANPE, el informe citado recoge datos "parciales y sin rigor técnico", difundidos de manera "irresponsable", lo que ha sometido a "escarnio público" a toda la profesión docente, cuando hay decenas de miles de profesionales de todos los niveles -asegura- con una formación adecuada y actualizada.
Madrid anunció a mediados de marzo pasado que modificará los criterios de selección de los maestros de primaria al constatar que solo el 13,6 % de los candidatos superaron la prueba de conocimientos en las últimas oposiciones y el resto no respondió bien a algunas cuestiones que deben conocer los alumnos de 12 años.
"Es necesario contrarrestar el efecto demoledor de un informe que, para justificar nuevos recortes, lesiona gravemente -alerta ANPE- la confianza de las familias en los profesores de sus hijos y, por ende, en la escuela, uno de los pilares de la sociedad".
Después de "recortes" de sueldos y derechos laborales, "quieren ahorrarse los sueldos de los interinos con más años de experiencia, se eleva una anécdota al nivel de categoría y se llama incompetente a una profesión entera".
Sin embargo, este sindicato reconoce la necesidad de mejorar la formación inicial y el sistema de acceso a la función pública docente con rigor y negociando con los representantes legítimos del profesorado "normas básicas de rango estatal".
También defiende que los criterios de ordenación de las listas de interinos obedezcan a criterios homologables en toda España.
