Amnistía denuncia "obstáculos" en los centros de crisis para víctimas de violencia sexual

Amnistía Internacional (AI) advirtió este 24 de noviembre, vísperas del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, de los retrasos, carencias estructurales y desigualdades territoriales que todavía afectan al funcionamiento de los centros de crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual en España. La organización presentó un informe exhaustivo que analiza la situación en seis comunidades autónomas y documenta testimonios de mujeres que han sufrido una atención fragmentada, poco accesible y, en ocasiones, revictimizante.

El documento subraya que, pese a los avances legislativos y al compromiso político asumido en 2021, la implantación efectiva de estos centros sigue lejos de los estándares internacionales, que exigen disponibilidad permanente, equipos multidisciplinares, atención especializada y accesible, y un centro por cada 200.000 habitantes.

Testimonios que muestran un sistema que aún no responde

El informe recoge testimonios que ilustran la distancia entre los recursos diseñados y la experiencia real de las víctimas. Una de ellas, Teresa*, de 25 años, relató cómo, tras sufrir una agresión en un tren, se encontró con un sistema telefónico que no estaba operativo por la noche y con respuestas frías y poco especializadas: “La llamada fue muy fría (…) me dijeron que los centros de atención en crisis no estaban funcionando a las diez de la noche y me dieron un correo electrónico”.

Otra mujer, Susana*, describió el vacío que experimentó al buscar ayuda: “Sentí más vacío que antes. Necesitaba ser escuchada sin miedo a ser juzgada… pero fue como hablar con el ChatGPT, automático, impersonal”.

En Castilla-La Mancha, Marta*, mujer extranjera residente en Ciudad Real, denunció haber sufrido trato machista y estereotipado durante su contacto con la policía: “Cayeron sobre mí todos los estereotipos: mujer sola con hijos, extranjera, no creían que yo fuera médico…”. También señaló que desconocía la existencia de los centros de crisis: “Me estoy enterando por ti de que estos servicios existen”.

Estos relatos coinciden con los hallazgos del informe sobre la importancia crucial del primer contacto: una atención no especializada o inaccesible puede incrementar el riesgo de trauma, impedir que la víctima continúe el proceso de recuperación y dificultar el acceso a la justicia.

Una implantación lenta, desigual y sin cumplir las obligaciones internacionales

El análisis de AI subraya que, aunque en 2025 todas las comunidades autónomas —salvo Ceuta— cuentan ya con un centro de crisis por provincia, la mayoría no cumple el requisito esencial de apertura 24/7. Sólo Galicia y Asturias lo garantizan. En el resto, los horarios siguen restringidos:

• Castilla-La Mancha: de 8:00 a 22:00, cerrados fines de semana.

• Aragón: de 9:00 a 19:00, sólo de lunes a viernes.

• Andalucía: de 8:30 a 20:30, días laborables.

• Cataluña: cuatro SIE considerados centros de crisis funcionan de 9:00 a 19:00.

Estas limitaciones contradicen los estándares recogidos en el Convenio de Estambul y en la Directiva Europea sobre violencia contra las mujeres, que requieren atención presencial, telefónica y online permanente.

Las deficiencias detectadas se repiten en todas las comunidades estudiadas:

• Falta de difusión: muchas mujeres no saben que existen estos recursos.

• Atención telefónica no especializada o derivada a líneas generalistas.

• Recursos insuficientes para cubrir el número de víctimas.

• Mayor riesgo de exclusión para mujeres migrantes, LGTBI, con discapacidad, romaníes o trabajadoras sexuales.

• Déficits de personal especializado que provocan desbordamiento y tiempos de espera incompatibles con una atención integral.

A ello se suma el incumplimiento generalizado de la ratio recomendada de un centro por cada 200.000 habitantes. Ninguna comunidad autónoma alcanza este estándar.

Castilla-La Mancha: cierre en festivos, falta de personal y dificultades adicionales en zonas rurales

El informe dedica un capítulo específico a la situación en Castilla-La Mancha, donde existen cinco centros de crisis —uno por provincia—, lo que equivale a un centro por cada 420.886 habitantes, muy lejos de la ratio exigida.

Pese a que se anunció su apertura en 2024, las primeras trabajadoras no se incorporaron hasta junio de 2025, y lo hicieron sin el apoyo ni los recursos necesarios. Algunas, incluso, fueron informadas de que no continuarían, lo que afectaría a las mujeres que ya estaban atendiendo.

Además:

• El servicio no está operativo por las noches ni los fines de semana.

• Fuera del horario, la única opción es llamar al teléfono general sobre violencia de género.

• Las víctimas que vivan en municipios sin transporte público deben solicitar con un día de antelación un sistema de transporte a demanda, aún sin desplegar en toda la región.

• No se prevé que las trabajadoras se desplacen fuera de los centros.

La organización también señala que la entidad adjudicataria, que retoma la gestión en noviembre de 2025 tras un proceso impugnado, no acredita experiencia específica en atención a víctimas de violencia sexual.

Un problema estructural: falta de personal especializado y concursos que penalizan la calidad

AI advierte que la escasez de personal especializado es una constante en todo el territorio. Muchos centros cuentan únicamente con una o dos profesionales —psicólogas, trabajadoras sociales o asesoras jurídicas— para toda la atención. Sólo Asturias alcanza una dotación suficiente, con siete abogadas y ocho psicólogas.

La organización alerta además de que los concursos públicos priorizan criterios económicos por encima de los técnicos, lo que deja fuera a entidades feministas con amplia experiencia y favorece a empresas sin trayectoria en violencia sexual. El Comité GREVIO ya había expresado esta preocupación en evaluaciones previas.

Obstáculos agravados para mujeres migrantes, trabajadoras sexuales y mujeres rurales

AI subraya que ciertos colectivos afrontan mayores barreras para acceder a los centros de crisis:

• Mujeres migrantes: temores por su situación administrativa y dificultades de acceso a la tarjeta sanitaria.

• Trabajadoras sexuales: estigmatización y prejuicios cuando buscan ayuda.

• Mujeres con discapacidad o LGTBI: servicios poco adaptados a sus necesidades.

• Mujeres rurales: distancias, falta de transporte y ausencia de servicios de acompañamiento.

En Galicia, por ejemplo, la ubicación de un centro dentro de un hospital disuadió a mujeres migrantes sin tarjeta sanitaria, pese a no ser un requisito real para recibir atención.

Las obligaciones que España aún debe cumplir

AI recuerda que los estándares internacionales —CEDAW, Convenio de Estambul y la Directiva Europea— obligan a los Estados a garantizar servicios especializados suficientes, accesibles y dotados de personal formado en trauma, perspectiva de género e interseccionalidad. La Ley Orgánica 10/2022 también reconoce el derecho a una atención integral.

El informe detalla además que España cuenta con financiación suficiente vía transferencias del Estado, fondos del Pacto de Estado y créditos europeos, por lo que la falta de recursos no puede ser excusa para no garantizar la atención especializada 24/7.

Peticiones de Amnistía Internacional

La organización exige a las autoridades:

• Garantizar apertura 24/7 en todos los centros de crisis y atención telefónica directa por personal experto, sin intermediarios que obliguen a relatar varias veces la agresión.

• Asegurar equipos multidisciplinares con experiencia demostrable en violencia sexual.

• Consolidar financiación estable con cargo a los Presupuestos Generales del Estado y fondos del Pacto de Estado.

• Impulsar coordinación interinstitucional e información clara y accesible para víctimas y profesionales.