El Gobierno regional y la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) han suscrito un convenio mediante el cual los estudiantes del primer Máster Universitario en Auditoría Pública podrán realizar prácticas en la Intervención General de la Junta de Comunidades.
Con la firma de este convenio los estudiantes universitarios de este máster podrán complementar los conocimientos adquiridos durante su formación académica, ha indicado este sábado en una nota de prensa la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, de la que depende la Intervención General.
Asimismo, ha informado que objeto de este acuerdo es establecer un marco de colaboración entre ambas instituciones para la realización de prácticas académicas externas por parte de los estudiantes del máster, lo que favorecerá la adquisición de competencias que les preparen para el ejercicio de actividades profesionales.
El programa formativo, la dedicación mínima y las actividades que desarrollará el alumnado serán establecidos conjuntamente por las partes firmantes y podrán realizar prácticas en la Intervención General un máximo de cinco estudiantes de la UCLM.
La asistencia a la Intervención General se ajustará al calendario, horario y régimen de permisos al que tenga derecho el alumnado, con arreglo a la normativa universitaria vigente, y será establecido conjuntamente, aunque los horarios serán compatibles con la actividad académica, formativa y de representación y participación desarrollada por el estudiante en la Universidad regional.
Por parte de la Universidad de Castilla-La Mancha se designará un tutor académico responsable del correcto desarrollo de las prácticas, mientras por parte de la Intervención General se asignará un tutor responsable con experiencia profesional y con los conocimientos necesarios para realizar una tutela efectiva.
El convenio establece, además, la creación de una comisión mixta de seguimiento, integrada por dos representantes de cada una de las partes, encargada vigilar y evaluar la ejecución del acuerdo (que mantendrá su vigencia durante un periodo de cuatro años) así como de proponer su prórroga y de resolver los problemas de interpretación y aplicación que puedan producirse a lo largo de su vigencia.
Ambas instituciones han coincidido en el alto interés que la formación práctica de los estudiantes universitarios tiene para la sociedad en general, beneficiaria final de la preparación profesional de los titulados universitarios, ha señalado la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.
