La Conselleria de Agricultura de la Generalitat Valenciana ha presentado alegaciones al anteproyecto de la Ley de Aguas de Castilla-La Mancha, al considerar que, entre otros aspectos, es "contraria a Derecho" y que invade competencias estatales.
El escrito de alegaciones remitido por la Conselleria, que ha sido consensuado y compartido con el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), considera también que la futura norma "conduciría a dilatar los plazos e influir en los criterios de concesión fijados en las reglas técnicas de explotación del trasvase Tajo-Segura".
Las alegaciones que la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica ha remitido al anteproyecto de la nueva Ley de Aguas del Gobierno de Castilla-La Mancha, actualmente en periodo de exposición pública, reclaman la supresión de las disposiciones adicionales primera y segunda.
Estos apartados del articulado "exceden las competencias de la Administración autonómica, además de incluir exigencias que conducirían a dilatar los plazos e influir en los criterios de concesión fijados en las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura", según responsables de la Conselleria valenciana.
Concretamente, la disposición adicional segunda "somete el acuerdo y ejecución de las cantidades hídricas transferidas por el comité técnico de explotación a un informe preceptivo no vinculante pero obligatorio por parte de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha", señalan fuentes de la Conselleria.
A juicio de la Generalitat, este pronunciamiento "entra en conflicto competencial" con lo recogido en el artículo 149 de la Constitución sobre recursos y aprovechamientos hidráulicos que discurran por más de una comunidad autónoma, así como con el Texto Refundido de la Ley de Aguas y el Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
La nueva exigencia, además, "ralentiza los tiempos al establecer un plazo de 15 días -posterior al dictamen de la transferencia proyectada por la comisión técnica- para elaborar el citado informe", ha explicado la consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà.
La consellera ha señalado que la nueva ley que plantea el Gobierno de Castilla-La Mancha "es un intento más de manipular las reglas de explotación" y ha expresado su "total oposición a cualquier propósito que altere y comprometa el agua en el sur de la Comunitat Valenciana".
La primera disposición adicional también puede considerarse, en su opinión, como una "apropiación de competencias estatales", dado que "permite a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la gestión y control de los caudales de la cabecera del Tajo, de cuyos niveles depende la transferencia hídrica, modificando así lo establecido en el Memorándum Tajo-Segura".
El anteproyecto señala, entre sus objetivos, el de "garantizar la intervención de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en las decisiones sobre transferencias y trasvases de agua que afecten al territorio de la Comunidad Autónoma", una "declaración de intenciones" que fundamenta las alegaciones presentadas y compartidas por la Conselleria y el colectivo de regantes, ha concluido la consellera.
