La Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha (APAM) ha denunciado que la Secretaría General de la Consejería de Agricultura ha emitido una instrucción, que ha tachado de "ilegal", impidiendo a los agentes denunciar delitos contra el medio ambiente ante juzgados y fiscalías.
En un comunicado, la asociación ha señalado que va a solicitar al consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, el cese de la secretaria general de la Consejería por emitir la instrucción.
Los agentes han señalado que la instrucción que impide a los agentes medioambientales denunciar delitos contra el medio ambiente ante juzgados y fiscalías, como venían haciendo al ser una obligación propia del cargo y de su cometido como policía judicial, es "a todas luces ilegal".
La Consejería de Agricultura "había llegado al extremo", ha indicado la asociación, de abrir expedientes disciplinarios a los agentes medioambientales que ponían en conocimiento de los juzgados presuntos ilícitos penales
La Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha reprocha al Gobierno regional que esté realizando una "gestión continuista" respecto a la del Ejecutivo anterior, del PP, con la ley de Montes, ya que el PP quería modificar la estatal y el PSOE la castellano-manchega.
El colectivo ha recordado que la sala coordinadora de la Fiscalía de Urbanismo y Medio Ambiente ya abrió diligencias informativas por el mismo asunto contra la Junta de Comunidades, indicando que la forma de proceder de la Policía Judicial es la que se encuentra establecida a través de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y que la modificación de tal procedimiento no es competencia de esta Administración.
A juicio de la asociación, la instrucción enviada "obstruye la obligación y atribución de estos agentes de poner en conocimiento del órgano judicial competente cualquier presunto ilícito penal del que tengan conocimiento".
La instrucción pretende, por otro lado, que las delegaciones provinciales de la Consejería "ejerzan de filtro" para los atestados presentados por los agentes medioambientales, de modo que un "indeterminado número" de estos atestados "jamás" llegará a la justicia.
La asociación ha comunicado a la Fiscalía la instrucción emitida y junto con los agentes sociales está valorando iniciar movilizaciones "antes y durante" la campaña de incendios forestales.
Por su parte, el portavoz del Gobierno regional, Nacho Hernando, ha resaltado la labor "tremendamente importante" que realizan estos profesionales y ha asegurado la situación que denuncian "será más una situación puntual que un problema que ponga en entredicho la actividad de los agentes", a quien el Ejecutivo regional respalda, ha señalado a preguntas de los periodistas.
ANTE UN DELITO EN EL MEDIO RURAL "HAY QUE DIRIGIRSE A LAS FCS"
De su lado, el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha manifestado que es "obvio" que ante cualquier delito, también en el medio rural, hay que dirigirse en primer lugar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para denunciar.
Así ha respondido el titular de Medio Ambiente, a preguntas de los periodistas, a raíz de la denuncia que ha realizado la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales.
Arroyo ha enfatizado que se trata de una parte de los agentes medioambientales -los representados en la asociación- y se ha mostrado convencido de que cuenta "con el respaldo de la mayor parte de los agentes".
Además, ha defendido que la Consejería intenta, desde el inicio de la legislatura, "resolver el problema de los ciudadanos en primer lugar, y no el de los funcionarios o el de los agentes medioambientales".
Por ello, ha manifestado: "hay que olvidarse de cuestiones puntuales de interés para una asociación y pensar sobre todo en el colectivo", del que ha apuntado que es "un cuerpo del que no podemos prescindir" y para el que el Gobierno regional ha realizado esfuerzos como la convocatoria de una Oferta Pública de Empleo.
En cuanto a la instrucción dictada por la Consejería, Martínez Arroyo ha explicado que establece que a quien hay que dirigirse cuando sucede un delito flagrante en el medio rural es a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como primer paso, y que el segundo será la Fiscalía, ha matizado.
"Es una cuestión de discrepancia y de interpretación", ha dicho, y ha insistido en que la denuncia no la han realizado todos los agentes sino "una pequeña parte", y que "cualquier ciudadano entiende perfectamente que ante un delito nos tenemos que dirigir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", ha sentenciado.
