La Fundación Anar ha visto en once años multiplicarse por cuatro los casos de abusos sexuales a menores en sus canales de ayuda y ha radiografiado el drama que viven estos niños y adolescentes en su propia casa, en la mayoría de los casos sin poder mostrar marcas, ni heridas, y sin apoyo familiar.
Para arrojar luz sobre un problema en la mayoría de las veces oculto, la Fundación, responsable de un teléfono y un chat de ayuda a niños y adolescentes (900 20 20 10), ha presentado este martes un estudio basado en el análisis de las 89.808 llamadas sobre abuso sexual realizadas entre 2008 y 2019 para atender a 6.183 víctimas.
En ese periodo, la tasa de crecimiento de los casos de abuso fue de un 300 %, pasando de 273 en 2008 a 1.093 en 2020. En los últimos años la evolución se ha disparado con un incremento medio del 20,5 %, aumentando especialmente los abusos a través de redes y aplicaciones de mensajería.
Aproximadamente cuatro de cada cinco víctimas son mujeres, la mayoría en edad adolescente. Cuando la víctima es un chico, suele ser menor de 12 años.
Los abusos tienden de repetirse en el tiempo (69%) y van acompañados en la mayoría de los casos de violencia física o intimidación, sobre todo cuando la víctima es mujer y adolescente.
Sufren principalmente tocamientos obscenos, pero una de cada diez víctimas relató penetración con violencia. En el 80,2 % de los casos la agresión no deja ni marcas ni heridas.
"Las víctimas tienen gran dificultad para demostrar el abuso porque en muchos casos no hay señales físicas y por desgracia las reacciones del entorno no son de apoyo", destaca la directora del Teléfono/Chat ANAR, Diana Díaz.
En casi el 38 % de los casos, el entorno niega los hechos; en el 31 % se justifica o se encubre al agresor y en un 7 % se llega a culpar a la víctima.
En ese contexto, de todos los casos atendidos por ANAR solo el 43 % mostró intención de denunciar y no llegó al 11 % los que formalizaron la denuncia. De ellos, el 18 % se archivó judicialmente por falta de pruebas.
El estudio muestra que los síntomas más frecuentes que las víctimas presentan son cambios bruscos de ánimo, síntomas psicosomáticos, conocimientos sexuales no adecuados para su edad, conductas sexuales explícitas y agresividad.
El perfil del agresor es el de un hombre, mayor de edad, de la familia o del círculo de confianza.
El padre sigue siendo el agresor principal, pero con los años ha aumentado la proporción de casos en los que es la pareja de la madre, mientras que han ido disminuyendo los adultos "conocidos o de confianza" de la familia.
Sólo en el 10 % el agresor no es conocido de la familia, casos en los que los abusos se realizan a través de las redes.
El 50 % de las agresiones tienen lugar en la propia casa del menor, pero destaca también el número de abusos en casas de otros familiares o en el entorno escolar o extraescolar.
Destaca la Fundación el aumento de las agresiones en grupo o "manadas", con la víctima abusada por dos o más personas (el 10,5 % de los casos en 2018) y también el incremento a lo largo de la década de las menores atendidas por violencia de género, agredidas por novios, parejas o exparejas (6,3 % en 2018).
La media de edad de las víctimas es de 11,6 años y el estudio pone el foco en las víctimas más pequeñas, de menos de 12 años, ya que están en mayor riesgo al tener menor capacidad de reacción al sentirse desprotegidos. Un 15 % de las víctimas tenían menos de 5 años.
El estudio constata que todos los parámetros analizados han empeorado a lo largo de la última década: aumenta el tiempo de padecimiento, la frecuencia de las agresiones y la gravedad.
ANAR alerta de que el conocimiento que se tiene sobre el abuso sexual a menores es escaso y anima a los poderes públicos a investigar el problema, además de realizar campañas de prevención para favorecer las denuncias desde edades tempranas, profesionalizar la atención y abordar reformas en el ámbito judicial para mejorar la protección de niños y adolescentes.
El Teléfono/Chat ANAR de Ayuda a Niños y Adolescentes es gratuito, confidencial y está atendido por un equipo de profesionales (psicólogos, abogados y trabajadores sociales).
