La viceconsejera de Administración Local y Coordinación Administrativa, Pilar Cuevas, ha destacado este lunes que cerca del 90 por ciento de los empleados públicos de las consejerías y direcciones provinciales de la Administración autonómica están formados en seguridad de la información y protección de datos.
Este logro ha sido posible "gracias al esfuerzo de formación y concienciación en esta materia, a través de la Escuela de Administración Regional", ha indicado Cuevas en una jornada sobre el Reglamento General de Protección de Datos y el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos, que se celebra hoy en el campus de Toledo de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM.
Y en relación con la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos, prevista para mayo de 2018, Cuevas ha indicado que no se espera que suponga un alto impacto en la Administración autonómica, según ha informado en una nota de prensa la Consjeería de Hacienda y Administraciones Públicas.
En este sentido, ha recordado que ya existe una unidad centralizada en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que coordina las actuaciones en materia de protección de datos, dando soporte a los responsables para que cumplan con las obligaciones legales en este ámbito.
Además, ha señalado que existen normas internas difundidas, conocidas y aplicadas por toda la Administración para cumplir con los requisitos legales.
Cuevas ha comentado también que muchos de los conceptos nuevos que ahora incorpora el Reglamento europeo sobre protección de datos, ya están contemplados en la normativa de seguridad de la información de la Junta de Comunidades, como el enfoque de riesgos, la incorporación de requisitos desde el diseño y por defecto o la comunicación de incidentes de seguridad a una autoridad de control.
Asimismo, ha señalado que partiendo de la situación actual, la Administración autonómica trabaja para que una vez que entre en vigor la ley orgánica se siga garantizando el derecho fundamental a la protección de datos a la ciudadanía.
Así, se está identificando la legitimación de los tratamientos de datos y se está avanzando para adaptar los procedimientos y trámites a los nuevos derechos de protección de datos y a los que ya existen pero se matizan en la nueva normativa.
También se está incorporando una mayor transparencia en los tratamientos de datos, presentando la información como recoge la nueva normativa, de forma que los ciudadanos tengan un mayor control sobre sus propios datos.
Otro punto importante en el que también se está trabajando es en la relación entre responsable y encargado, como medida para la garantía en el correcto tratamiento de los datos.
Las actuaciones se completan con la transformación del actual Registro de Ficheros hacia el futuro Registro de Actividades de Tratamiento, que se está llevando a cabo mediante la inclusión de nuevos campos en cada tratamiento, conforme a lo exigido en el Reglamento General de Protección de Datos.
