El 86% de los centros de adultos de Castilla-La Mancha rechaza el plan de Educación

UGT Servicios Públicos Castilla-La Mancha ha advertido del profundo malestar existente en los Centros de Educación de Personas Adultas (CEPA) de la región ante las medidas adoptadas y previstas por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. El sindicato rechaza estas iniciativas por considerar que supondrán un deterioro del servicio público y asegura que el 86% de los equipos directivos comparte esta preocupación, según una encuesta realizada por la propia organización.

La organización sindical considera especialmente perjudicial la reducción de las enseñanzas no formales, como las de idiomas; las limitaciones que se están barajando en los procesos de admisión —plazos, forma de presentación de solicitudes o número máximo de repeticiones—; así como la propuesta de modificación de la Enseñanza Secundaria a distancia, que pretende incluir con carácter obligatorio la grabación de sesiones lectivas, sin una regulación clara y sin tener en cuenta las características específicas del alumnado adulto.

Según los resultados del sondeo elaborado por UGT, “ningún claustro se muestra favorable a estos cambios”. La mayoría de los centros considera que la remodelación implicará un descenso del número de grupos (74%), una reducción de profesorado (89%), el posible cierre de aulas de Educación de Personas Adultas (81%), un aumento de la carga de trabajo docente (65%) y una merma en la calidad del servicio (82%).

Recorte de inversión y carencias estructurales

El responsable de Enseñanza de UGT Servicios Públicos Castilla-La Mancha, José Antonio Montero, ha detallado que el 90% de los equipos directivos cree que se producirá un recorte en la inversión destinada a esta modalidad educativa. Montero ha recordado que la Educación de Personas Adultas representa únicamente el 0,28% de los Presupuestos Regionales, un porcentaje que, a su juicio, ya ha provocado importantes carencias.

Entre ellas, ha citado el uso de instalaciones inapropiadas o que no cumplen las condiciones exigibles de seguridad, una carga horaria muy limitada en determinadas materias —como el inglés en Secundaria— y la asunción de funciones que no corresponden por parte del personal docente.

“Todos los cambios implantados en los últimos tiempos, así como las reformas que se plantean a futuro, conducen o parecen conducir inexorablemente —según constatamos nosotros y nos trasladan los centros— a una reducción de enseñanzas, de grupos, de alumnado y de profesorado; incluso no descartamos el cierre de Aulas de Educación de Adultos, lo que supondrá un claro empeoramiento del servicio”, ha señalado Montero.

Defensa de las enseñanzas no formales y del acceso en el medio rural

UGT Servicios Públicos reclama a la Consejería que no centre su estrategia únicamente en las enseñanzas conducentes a certificación o enfocadas a la empleabilidad —que, según el sindicato, podrían mejorarse con otras propuestas distintas a las planteadas por la Administración—, sino que también potencie el papel de las enseñanzas no formales, dirigidas a personas de cualquier edad para satisfacer objetivos educativos en distintos ámbitos de la vida social.

Asimismo, el sindicato defiende que la adecuación de la oferta educativa debe tener en cuenta los diferentes contextos territoriales para no agravar los problemas de acceso a la educación en zonas rurales, garantizando especialmente la formación de la población adulta en riesgo de exclusión y de aquellas personas con habilidades digitales reducidas o nulas.

“La Educación de Personas Adultas debe ser un servicio público esencial y protegido en nuestra región, caracterizada por una población en aumento, cada vez más envejecida, y donde se estima que hasta un 45% de las personas adultas carece de formación del nivel de la segunda etapa de la Educación Secundaria Obligatoria”, ha concluido José Antonio Montero.