El TSJ anula la resolución de limitación de trabajos agrícolas por riesgo de incendios

Asaja Castilla-La Mancha, la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Guadalajara (Apag) y la Asociación de Trabajadoras de Máquinas Cosechadoras (Atamaco) ha celebrado este lunes la sentencia del Tribunal Superior de Justicia regional que ha anulado la resolución de la Consejería de Desarrollo Sostenible que prohibió las labores de cosecha los días 11 y 12 de julio de 2021.

En una rueda de prensa conjunta, han valorado el fallo como un "espaldarazo" jurídico que, según han afirmado, confirma que la administración "no era competente para decidir cuándo o cómo se debían realizar los trabajos agrícolas" y que actuó "sin criterio lógico ni legal".

El presidente de Asaja Castilla-La Mancha, José María Fresneda; el presidente de Apag, Juan José Laso, y el presidente de Atamaco, Félix Andrés, han explicado que la sentencia ha validado el recurso contencioso-administrativo presentado por APAG contra una decisión que califican de "imprudente, irresponsable y carente de inteligencia".

La resolución firmada en 2021 por el entonces viceconsejero Fernando Marchán --y avalada por el exconsejero José Luis Escudero-- ha sido descrita como una medida "sin consenso, sin lógica y adoptada a espaldas del sector", que paralizó la siega en plena campaña y causó perjuicios económicos "muy graves". Durante la comparecencia se ha subrayado que, si el fallo hubiera llegado antes, "su único destino hubiera sido seguramente el cese".

VÍA ABIERTA PARA RECLAMAR DAÑOS

La sentencia ha activado también el proceso para exigir responsabilidad patrimonial a la Junta por los perjuicios derivados de la paralización de la actividad. Ásí, desde Atamaco han estimado pérdidas de entre 650.000 y 750.000 euros solo entre sus socios de Guadalajara, sin contar otras provincias.

Los comparecientes han detallado que el daño no se limitó a la facturación de los días afectados, sino también a costes laborales, alojamientos de personal desplazado, pérdida de clientes en campañas posteriores y mermas de producción para los propios agricultores. Según han indicado, el impacto total en Castilla-La Mancha sería "muy superior".

La organización de maquinaria agrícola celebrará una asamblea para fijar el procedimiento de reclamación, mientras que el Comité Ejecutivo Regional del sector analizará el alcance jurídico del fallo en una reunión prevista para el 2 de diciembre.

UN PUNTO DE INFLEXIÓN EN LA RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN

Las organizaciones exigen ahora diálogo real y avisa de que "ualquier ataque a la renta irá a los tribunales". Así, Fresneda, Laso y Andrés han coincidido en que esta sentencia "ha dado fuerza, ánimo y moral" al campo para afrontar una nueva etapa en la negociación con la administración.

Han pedido a la actual consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, "abrir una fase basada en el diálogo y el consenso", frente a un modelo previo que califican de "ordeno y mando". Y han advertido de que a partir de ahora acudirá a los tribunales ante cualquier medida que afecte a la renta agraria sin compensación.

Han apuntado a conflictos ya abiertos como los daños por conejos, las restricciones por nitratos o las nuevas exigencias de la llamada "capa verde".

Durante la comparecencia, las organizaciones han insistido en que la agricultura y la ganadería deben ser consideradas como parte de la solución en materia de prevención de incendios, no como un riesgo.

Han asegurado que "si no existiera agricultura y ganadería en esta provincia, hubiera ardido el 100% del territorio" y han pedido también a la administración que deje de "regular solo al sector agrario" en materia de incendios y reconozca su labor como "cortafuegos natural".

LA JUNTA DISPONE DE 30 DÍAS PARA RECURRIR

Así, las organizaciones han recordado que la Administración autonómica tiene un plazo de 30 días para presentar recurso ante el Tribunal Supremo. Sin embargo, han señalado que no perciben intención de hacerlo y advierten de que recurrir "sería un error".

La rueda de prensa también ha enmarcado la sentencia en un contexto más amplio de descontento con la Política Agraria Común. Las organizaciones han acusado a la Comisión Europea de impulsar medidas y recortes que "atentan gravísimamente contra la soberanía alimentaria", a la vez que apelan a los gobiernos europeos a vetar el presupuesto propuesto para la PAC.

Como medida de presión, han anunciado una manifestación en Bruselas el 18 de diciembre, con el objetivo de que "uno de los 27 presidentes diga no" y fuerce a rehacer el marco financiero. El futuro del campo en provincias como Guadalajara y Cuenca ha sido descrito como "muy duro, muy negativo" si no se revierten las políticas actuales, por lo que han reclamado a los partidos regionales una posición común para "llevar la batalla a Bruselas".

MEDIDAS PREVENTIVAS BAJO CRITERIOS TÉCNICOS

Por su parte, el Gobierno regional ha señalado que las campañas de extinción y prevención de incendios y su regulación han evolucionado dentro de la normativa vigente y siempre contando con el sector primario para hacer compatibles al máximo sus labores agrícolas y ganaderas con la seguridad de la ciudadanía y el medio natural frente a los incendios forestales.

Así ha informado la Consejería de Desarrollo Sostenible tras conocer la sentencia del TSJ que anula la resolución que establecía una limitación normativa para llevar a cabo tareas agrícolas con maquinaria durante dos días del mes de julio en el verano de 2021, según ha trasladado la Consejería por nota de prensa.

Como han explicado, la resolución de 8 de julio de 2021 se emitió en un contexto marcado por una ola de calor excepcional, con índices de propagación potencial del fuego extremadamente altos, temperaturas muy elevadas y condiciones meteorológicas especialmente desfavorables.

En estas circunstancia, han informado que la Consejería actuó como le correspondía adoptando medidas preventivas y excepcionales, limitadas en el tiempo y orientadas a proteger la seguridad de las personas, del sector agrario y del medio natural, puesto que Castilla-La Mancha se encontraba en un escenario de riesgo real e inmediato de incendios forestales que podían afectar a explotaciones agrarias, infraestructuras y zonas habitadas y consideramos que era necesario actuar en base a criterios estrictamente técnicos.

Desde el Ejecutivo autonómico han señalado que precisamente, decisiones como la que tuvieron que tomar por aquel entonces han servido para ir aplicando nueva normativa preventiva frente a los incendios forestales que se ha ido adaptando y evolucionando en base a la Ley estatal de Montes, integrando un modelo avanzado basado en el Índice de Propagación Potencial (IPP) y el Plan de Prevención, Vigilancia y Extinción 2025.

Además, han puesto en valor que en la actualidad se están aplicando medidas graduadas, objetivas y proporcionadas según el nivel de riesgo en cada zona, con total seguridad jurídica y con un procedimiento claro para excepciones, autorizaciones y siempre en coordinación con el sector agrario.

Estas medidas han culminado, tras el consenso alcanzado entre las diferentes organizaciones agrarias y la Consejería, en la resolución de julio de este año 2025 que ha flexibilizado la actividad de cosechado y empacado de cereal en la región los días en los que el IPP ha sido muy alto y extremo, circunscribiendo su aplicación a los terrenos forestales y a la franja de 400 metros próxima, siempre que estas labores se llevaran a cabo con las correspondientes medidas de seguridad en una determinada franja horaria.

Con este tipo de regulación, Castilla-La Mancha ha reducido los incendios y su normativa ha servido de ejemplo al resto de comunidades autónomas que han decidido implantar limitaciones temporales similares, como se ha podido comprobar durante la ola de incendios que ha sacudido España este verano.