El portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Guadalajara, Julio García, ha asegurado este jueves que el servicio provincial de basuras que se va a poner en marcha puede suponer un importante perjuicio económico para los municipios y, también, para la propia institución provincial.
García, que ha aclarado que el importe del contrato se mantiene por encima de tres millones, ha recordado que "se ha ido devaluando a pasos agigantados" desde que se anunció, hace tres años, "por la soberbia, la falta de diálogo, la falta de rigor y la inoperancia que quienes se han sucedido al frente de este proyecto".
De hecho, "el equipo de Gobierno ha tenido que reconocer ahora que arrancará con 40 municipios solamente, cuando hace dos años la entonces presidenta, Ana Guarinos, aseguró que ya había entonces 65 ayuntamientos interesados", ha detallado.
Además, ha agregado que "esos 40 municipios representan únicamente el 14 % del total de ayuntamientos de la provincia y apenas aglutinan un 4 % de la población" y ha destacado como curioso que, entre ellos, solo hay dos -Atienza e Illana- de los 12 que están representados en el Equipo de Gobierno, porque "ni siquiera está Sigüenza, donde es alcalde el presidente de la Diputación".
Con todo, el portavoz socialista ha avisado de que "lo peor es que puede acarrear graves consecuencias económicas tanto para los pueblos como para la propia Diputación ya que el acuerdo, que mañana lleva a pleno el equipo de Gobierno, mantiene que el importe del contrato con la empresa será de 3,2 millones de euros en un periodo de cuatro años, pese a que ese cálculo se hizo para una previsión de 65 municipios y en realidad solo van a ser 40".
"Esto es una temeridad. Es crear falsas expectativas de negocio al contratista sin ningún fundamento y abrir la puerta a posibles reclamaciones de la empresa si no se confirman", ha advertido.
Y, ha explicado que eso es así porque "el importe del contrato para prestar servicio a esos 40 municipios en la primera anualidad no llega a 300.000 euros, mientras que en las tres siguientes prácticamente se duplica hasta llegar casi a 600.000 euros, sin que haya ninguna previsión, ni mucho menos garantías, de que aumente el número de ayuntamientos adheridos al servicio".
"Afirmar que el importe del contrato se va duplicar a partir del primer año es abocar a la Diputación y a los pueblos a tener que asumir responsabilidades patrimoniales si no se cumple la previsión", ha enfatizado el portavoz socialista.
A modo de ejemplo, ha recordado que las empresas constructoras de las autopistas de peaje, entre ellas la R-2, están reclamando compensaciones de miles de millones de euros porque el Gobierno de Aznar "creó unas expectativas que no se han cumplido".
