domingo 28/11/21

El alcalde de Chiloeches declara en el juicio que tras el incendio recibió amenazas

Afirma que Kuk "siempre daba largas" a los requerimientos para legalizar su situación
El alcalde de Chiloeches (Guadalajara) declara en el juicio que tras el incendio recibió amenazas
El alcalde de Chiloeches (Guadalajara) declara en el juicio que tras el incendio recibió amenazas

El alcalde de Chiloeches (Guadalajara) desde 2015, Juan Andrés García Torrubiano, ha declarado este martes que la empresa Kuk Medioambiente “era peculiar y no atendía a los requerimientos” para legalizar su situación y que tras el incendio de agosto de 2016 sufrió amenazas y que ha sido testigo protegido en este proceso.

Así lo ha declarado en la 18 sesión del juicio oral que se celebra en el edificio de los antiguos juzgados de Guadalajara, en el que están acusadas 18 personas y tres empresas y serán llamados más de 120 testigos.

El alcalde de Chiloeches, que ha declarado en calidad de testigo, ha señalado que a raíz de otro incendio en otra planta similar iniciaron las inspecciones en el polígono en estas instalaciones y ha afirmado que había “un control generalizado en la planta” luego incendiada y que la empresa no estaba al corriente del pago de tributos y se les hizo requerimientos para legalizar su situación.

Ha afirmado que desde 2008 se habían producido incendios similares y no se había hecho seguimiento de las instalaciones de los polígonos por parte del Consistorio.

García Torrubiano ha señalado que Kuk Medioambiente “era una empresa peculiar ya que no contestaba a los requerimientos” realizados cuando él entró de alcalde y ha indicado que en la primera inspección del ingeniero municipal a la planta no se le dio acceso a la instalación y en una segunda inspección se hizo un requerimiento a la empresa para que legalizara su situación.

Ha afirmado que un problema en este asunto ha sido la falta de información entre administraciones y ha señalado que no había ningún proceso sancionador sobre la planta del equipo de gobierno anterior en el Consistorio pese a constatar a posteriori numerosas irregularidades.

Ante las preguntas, ha reconocido que es testigo protegido en el proceso ya que recibió amenazas que denunció en su día en la Guardia Civil en la que le señalaba que "Si César Urrea (anterior alcalde) entra en la cárcel, tú y tus hijos tendréis una visita".

También ha dicho que tras la clausura de la planta mantuvo reuniones con personas del Grupo Layna que le manifestaron su voluntad de regularizar todo lo necesario para poder volver a abrir la planta cuando el Ayuntamiento decretó su clausura si bien eso no se llegó a realizar antes del incidente.

A lo largo de su declaración y preguntado por su relación con quien fuera en aquel momento viceconsejero de Medio Ambiente, Sergio David González Egido, ha señalado que “fue un profesional como la copa de un pino”.

Los hechos que se están juzgando ocurrieron en 2016 pero la causa, muy compleja por sus diversas vertientes e implicados, ha tenido un largo proceso de investigación que conlleva un macrojuicio con cerca de 120 testigos y 21 acusados que se prolongará durante tres meses.

La fiscalía pide penas de entre 14 meses y 19 años de prisión para estos acusados según señala en su escrito de más de 90 páginas en el que entre los acusados están seis responsables de la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha en diversos cargos en los momentos de los hechos.

Según la Fiscalía, los responsables de la Junta permitieron la autorización de la gestión peligrosa de residuos en las instalaciones afectadas por el incendio y señala que, en algunos casos, conociendo los incumplimientos de las empresas se les mantuvo la autorización.

Del mismo modo señala numerosos incumplimientos de la normativa de transporte y tratamientos de residuos peligrosos por empleados y empresas implicadas.

El escrito apunta que tras la investigación se determina que el incendio fue provocado y derivó en unos daños medioambientales y para la salud pública en un amplio perímetro de la instalación, donde ardieron sin control alrededor de 20.000 toneladas de residuos peligrosos.

Esto residuos generaron una inmensa pluma de contaminación atmosférica que obligó a recomendar el confinamiento de la población sensible cercana, vertidos al río Henares con consecuencias para sus aguas y su fauna piscícola, así como la contaminación de miles de toneladas de tierra. 

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