Los acusados -18 personas y 3 empresas- por el incendio de la planta de residuos de Chiloeches en agosto de 2016 podrán ausentarse del juicio, que ha comenzado este lunes y está previsto que dure tres meses, una vez practicadas las diligencias relativas a los mismos, si bien deberán estar presentes el último día para poder ejercer su derecho de última palabra.
Así lo ha señalado el juez de la Audiencia Provincial de Guadalajara, José Aurelio Navarro Guillén, que preside el tribunal que juzga desde este lunes y a lo largo de los próximos tres meses a 21 acusados por delitos que van desde participación en grupo criminal, delito de gestión de residuos peligrosos o delito agravado contra el medio ambiente, delito de prevaricación administrativa medioambiental, delito de explotación de instalaciones peligrosas y delito de falsedad documental.
En la primera vista de este lunes se han tratado las cuestiones previas en las que las diversas partes personadas han realizado aportaciones de nuevas pruebas y documentación, así como realizado diversas alegaciones como que los acusados no tuvieran que estar presentes en todas las sesiones del juicio, por cuestiones de seguridad sanitaria ante la pandemia y también laborales, una petición que ha sido considerada por el juez que preside el tribunal.
Asimismo, los abogados podrán ser relevados por compañeros de su bufete comunicándolo antes.
El tribunal también ha admitido a trámite nuevas pruebas presentadas sin perjuicio de valoración de la misma.
Durante la vista, varios abogados han solicitado la anulación del juicio por posible situación de indefensión de sus defendidos, así como reducción de las penas de los mismos por dilación indebida del proceso, algo que se ha desestimado.
Los hechos que se juzgan ocurrieron en agosto de 2016, y la causa, muy compleja por sus diversas vertientes e implicados, ha tenido un largo proceso de investigación que conlleva un macrojuicio con cerca de 120 testigos y 21 acusados que se prolongará durante tres meses, lo que ha llevado a que las autoridades judiciales hayan decidido abrir el antiguo edificio de los juzgados de Guadalajara para albergar el proceso.
La Fiscalía pide penas de entre 14 meses y 19 años de prisión para estos acusados, según señala en su escrito de más de 90 páginas, y entre los acusados están seis responsables de la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha en diversos cargos en los momentos de los hechos.
Las penas más altas son para los responsables de las empresas encargadas de la gestión de los residuos por delitos de pertenencia a grupo criminal, falsedad documental, delito agravado de gestión de residuos peligrosos y explotación de instalaciones de residuos peligrosos, para quienes se piden penas de hasta 19 años de cárcel.
Para las empresas KUK Mediambiente y Salmedina Tratamiento de Residuos pide penas de dos años por delito agravado de gestión de residuos peligros y para Grupo Layna esta misma pena a la que se suman otros dos años por delitos agravados de explotación de instalaciones peligrosas.
Según el extenso escrito, los responsables de la Junta permitieron la autorización de la gestión peligrosa de residuos en las instalaciones afectadas por el incendio y señala que, en algunos casos conociendo los incumplimientos de las empresas, se les mantuvo la autorización.
El escrito señala que tras la investigación se determina que el incendio fue provocado y derivó en unos daños medioambientales y para la salud pública en un amplio perímetro de la instalación, donde ardieron sin control alrededor de 20.000 toneladas de residuos peligrosos.
Esto residuos generaron una inmensa pluma de contaminación atmosférica que obligó a recomendar el confinamiento de la población sensible cercana, vertidos al río Henares con consecuencias para sus aguas y su fauna piscícola, así como la contaminación de miles de toneladas de tierra.
