El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Guadalajara ha impedido al equipo de gobierno del PP en la Diputación Provincial seguir adelante con la disolución de la Asamblea General del Consorcio de Residuos que suponía dejar sin voz ni voto a los municipios que lo forman.
Así lo ha dado a conocer en nota de prensa el PSOE, quien ha señalado que, en un auto dictado esta misma semana, el juzgado ha ordenado dejar sin efecto la pretensión de constituir una nueva Asamblea General integrada por tan solo nueve miembros designados por los grupos políticos con representación en la Diputación y, a continuación, modificar los estatutos.
El presidente de la Diputación, José Manuel Latre, había convocado para este mismo miércoles una reunión en la que pretendía sacar adelante estos dos puntos, que el portavoz del Grupo Socialista, Julio García, ha calificado como "un atropello". .
El PSOE ha subrayado que, de este modo, el Juzgado ha atendido la petición formulada por varios ayuntamientos que habían recurrido "la lectura restrictiva de la reforma local que está haciendo el PP en la Diputación de Guadalajara, con el respaldo de Ciudadanos".
Aunque todavía está pendiente el pronunciamiento sobre el fondo del asunto, García ha asegurado que "es un serio varapalo para Latre, que ha querido ejecutar un auténtico golpe de mano contra los pueblos, privándoles de su derecho a participar en la toma de decisiones, pese a que los consorcios gestionan competencias municipales".
De hecho, con la fórmula que pretende aplicar el presidente de la Diputación, un municipio como Azuqueca de Henares, que aporta cerca de 800.000 euros anuales al Consorcio de Bomberos, no tendría garantizada su presencia en ninguno de los órganos de representación y decisión, ha subrayado el PSOE.
"Esto significa que municipios que decidieron asociarse para gestionar un determinado servicio, miembros de pleno derecho del Consorcio que han nombrado legal y legítimamente a sus representantes, quedarían despojados de su derecho a participar en la toma de decisiones", ha agregado el portavoz socialista.
A su juicio, los cambios que introduce la reforma local en la configuración de los consorcios son totalmente compatibles con el respeto a los derechos de los municipios.
"Otros consorcios, a los que obviamente también afecta la misma ley, han modificado sus estatutos haciendo justo lo que nosotros proponemos: aplicar las restricciones en el número de miembros del Consejo o de la Junta de Gobierno, pero mantener una Asamblea General con todos los representantes municipales. Tenemos ejemplos en Alicante, Zamora, Valencia o Ciudad Real", ha explicado García.
Tras la suspensión ordenada por el juez, el Grupo Socialista confía en que "una pronta resolución sobre el fondo del asunto acabe definitivamente con el intento del equipo de gobierno de pasar por encima de los derechos de los municipios en ambos consorcios".
Pese a que la resolución judicial no impedía tratar otros asuntos "ordinarios" contenidos en la convocatoria, los tres representantes socialistas no han participado en la adopción de esos acuerdos, al entender que si el juez no había permitido constituir la Asamblea, esta carecía de legitimidad para adoptarlos.
SUPERÁVIT AYUNTAMIENTOS
En otro orden, el PSOE de Guadalajara va a presentar mociones en ayuntamientos y en la Diputación para pedir al Gobierno central que autorice a que las entidades locales con superávit lo puedan utilizar para inversiones productivas y políticas sociales y de empleo.
Según ha explicado en nota de prensa el portavoz del grupo socialista en la Diputación y secretario de Política Municipal de la Ejecutiva provincial, Julio García, la normativa actual está frenando el desarrollo de los pueblos al impedirles destinar sus ahorros a inversiones y a políticas que sirvan para mejorar la vida de sus vecinos.
Asegura el diputado provincial que la administración local está siendo "penalizada", a pesar de ser la única que tiene superávit y está saneada.
Aunque este año ya han cumplido con el objetivo de deuda fijado para 2020, ni ayuntamientos ni diputaciones pueden reinvertir totalmente unos ahorros que en conjunto superan los 4.500 millones de euros y están obligados a priorizar pagos a los bancos para reducir deuda, o dejar el dinero inactivo si no la tienen.
"Es ineludible que el Gobierno de Rajoy atienda las demandas de los ayuntamientos y les permita utilizar ese superávit, tal y como ha planteado la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Ha llegado la hora de que el Gobierno escuche y sea sensible a unas reivindicaciones que son justas, razonables y necesarias si queremos poner el interés de los vecinos por delante de cualquier otro", ha asegurado el portavoz socialista.
La reinversión del superávit es una reivindicación que el PSOE ya había planteado en anteriores ocasiones aunque ahora espera que "el Gobierno sea consciente de que es preciso llegar a acuerdos en beneficio de la ciudadanía".
En el caso de la Diputación de Guadalajara, ha considerado que es evidente que ha perdido capacidad de ayudar a los pueblos, no solo porque su presupuesto ha caído año tras año sino también por la imposibilidad de reinvertir el superávit.
