Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Guadalajara ha ratificado las resoluciones extraordinarias adoptadas por el presidente de la Diputación de Guadalajara durante la primavera de 2020 para hacer frente a la pandemia y sus efectos económicos y sociales en la provincia de Guadalajara.
El juzgado se ha pronunciado tras el recurso presentado por el grupo popular, que ha sido desestimado y en el que demandaba que las decisiones aprobadas por la Diputación tras la declaración del estado de alarma fuesen anuladas, según ha informado la Diputación en nota de prensa.
Entre las resoluciones que el PP intentaba anular figuran los reconocimientos extrajudiciales de crédito para agilizar los pagos a empresas, pymes y autónomos proveedores de suministros, obras y servicios a la Diputación de Guadalajara, por importe total de 1.188.000 euros.
Estas resoluciones adoptadas por el presidente de la Diputación, José Luis Vega, tenían como finalidad agilizar el reconocimiento de facturas y su correspondiente abono, con el objetivo de aumentar la liquidez y la capacidad de supervivencia de las empresas y autónomos, ha señalado la institución provincial.
El presidente de la Diputación asumió de manera temporal y excepcional competencias de los órganos de gobierno de la institución, facultado por el Real Decreto que supuso la declaración del estado de alarma en España, con el fin de agilizar las medidas urgentes que debían adoptarse.
No obstante, todas las resoluciones adoptadas por José Luis Vega fueron sometidas a la ratificación del pleno de la Diputación y, de hecho, en la sesión extraordinaria del 8 de abril de 2020 el pleno respaldó todas las decisiones del presidente en relación con la lucha frente a la pandemia y sus efectos sin votos en contra.
La sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo llama la atención sobre la “incoherencia” que supone la demanda presentada posteriormente por el grupo popular contra unas medidas sobre las que se abstuvo cuando fueron sometidas a la votación del pleno de la Diputación, ha señalado la nota de prensa.
La vicepresidenta quinta y diputada de Economía y Hacienda, Susana Alcalde, ha señalado que “mientras el equipo de Gobierno tomaba medidas urgentes para paliar los efectos sociales y económicos de la crisis originada por la pandemia, además de colaborar con las autoridades sanitarias y resto de administraciones, el principal grupo de la oposición se dedicaba a poner palos en las ruedas, aunque no lo escenificasen abiertamente ante el pleno”.
EL PP VALORA RECURRIR LA SENTENCIA
Por su parte, el Grupo Popular en la Diputación de Guadalajara está valorando la posibilidad de apelar la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Guadalajara porque no la comparten.
Así lo ha anunciado su portavoz, Alfonso Esteban, quien en declaraciones a los medios ha apuntado que entiende que la lucha contra la pandemia no implica que haya que saltarse los procedimientos.
Esteban ha indicado que dicha sentencia no entra en ningún momento a valorar las razones por las cuales el presidente de la Corporación se saltó el periodo de exposición pública en una modificación presupuestaria que era del pleno, y como no están de acuerdo con ella, estudian apelar.
"En ningún momento este grupo político puso ningún palo en las ruedas porque nunca se recurrió ninguna decisión que tuviera que ver con medidas para mitigar los efectos de la pandemia sino con cuestiones que tenían que ver con facturas de 2019 que por una pésima gestión no se habían asumido ni se habían pagado y que además no siguieron los procedimientos oportunos"; ha apostillado.
