sábado 23/10/21

Viceconsejero: el trámite ordinario lo hacen los técnicos, no interviene el político

El exviceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno de Castilla-La Mancha niega trato de favor con las empresas gestoras de la planta incendiada en Chiloeches
Juicio por el incendio de la planta de residuos de Chiloeches ocurrido en agosto de 2016 que ha comenzado este lunes en la Audiencia de Guadalajara - EFE/Pepe Zamora
Juicio por el incendio de la planta de residuos de Chiloeches ocurrido en agosto de 2016 que comenzó el lunes en la Audiencia de Guadalajara - EFE/Pepe Zamora

El viceconsejero de Medio Ambiente cuando se produjo el incendio de la planta de Chiloeches (Guadalajara) en 2016, que está acusado en el juicio que se está desarrollando en Guadalajara, ha señalado este jueves que “los actos de tramitación ordinarios los llevan los técnicos y no interviene el cargo político”.

Así lo ha dicho en su declaración en la cuarta sesión del juicio oral que se celebra en el edificio de los antiguos juzgados de Guadalajara, donde están acusadas 18 personas y tres empresas y en las que serán llamados más de 120 testigos.

S.D.G.E. fue delegado provincial de Medio Ambiente en Guadalajara entre el 21 de mayo de 2004 y el 19 de septiembre de 2008 y viceconsejero de Medio Ambiente entre el 24 de julio de 2015 y el 15 de septiembre de 2016, y la fiscalía le acusa de un delito de prevaricación administrativa medioambiental por el que pide penas de 13 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y tres años de prisión.

A preguntas de la fiscal, S.D.G.E. ha insistido en que “no participaba en la gestión administrativa ordinaria” y que esa tramitación, redacción de expedientes y evaluación es de los técnicos, y cuando él firmaba las resoluciones lo hacía “con el convencimiento de que se ajustaba a la legalidad puesto que habían sido realizados por los técnicos”.

Ha añadido que durante su etapa como viceconsejero firmaba unas 200 resoluciones a la semana y ha concretado que en su cargo político era el responsable público pero de él no dependía la labor de la administración sino del conjunto de funcionarios con sus diversas funciones.

Asimismo ha señalado que no tiene nada que ver con el Grupo Layna, implicado también en estos hechos, si bien ha afirmado que ha tenido relación con diferentes empresas a lo largo de los años debido a su trayectoria profesional.

En la vista de este jueves también ha declarado J.M.M.G., jefe del Servicio de Medio Ambiente Industrial y, sucesivamente, jefe del Servicio de Prevención e Impacto Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente entre el 19 de octubre de 2011 y, al menos, el 13 de marzo de 2018.

La Fiscalía le acusa del delito continuado de prevaricación administrativa medioambiental por el que pide penas de 13 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y dos años de prisión.

J.M.M.G ha declarado en la línea del que fuera viceconsejero y ha asegurado que su equipo “actuó con sentido común y pretendiendo hacer lo mejor posible de acuerdo con la ley” en las diversas actuaciones en las que estaban implicadas las empresa propietarias de la planta siniestrada.

Los hechos que se juzgan desde este lunes ocurrieron en agosto 2016 pero la causa, muy compleja por sus diversas vertientes e implicados, ha tenido un largo proceso de investigación que conlleva un macrojuicio con cerca de 120 testigos y 21 acusados que se prolongará durante tres meses.

La Fiscalía pide penas de entre 14 meses y 19 años de prisión para estos acusados según señala en su escrito de más de 90 páginas.

Entre los acusados hay seis responsables de la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha en diversos cargos en los momentos de los hechos.

Según la Fiscalía, los responsables de la Junta permitieron la autorización de la gestión peligrosa de residuos en las instalaciones afectadas por el incendio y señala que en algunos casos conociendo los incumplimientos de las empresas se les mantuvo la autorización.

Del mismo modo señala numerosos incumplimientos de la normativa de transporte y tratamientos de residuos peligrosos por empleados y empresas implicadas.

El escrito apunta que tras la investigación se determina que el incendio fue provocado y derivó en unos daños medioambientales y para la salud pública en un amplio perímetro de la instalación, donde ardieron sin control alrededor de 20.000 toneladas de residuos peligrosos.

Esto residuos generaron una inmensa pluma de contaminación atmosférica que obligó a recomendar el confinamiento de la población sensible cercana, vertidos al río Henares con consecuencias para sus aguas y su fauna piscícola, así como la contaminación de miles de toneladas de tierra.

El juicio se retomará el próximo 4 de octubre con la declaración del ex alcalde de Chiloeches y un representante de la empresa Kuk Medioambiente S. L, ambos acusados en la causa.

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