El titular del juzgado de Instrucción número 1 de Guadalajara ha instado a las Administraciones a que tomen medidas para evitar problemas de salud pública, ante los robos de chatarra contaminada en la parcela donde se produjo el incendio de Chiloeches (Guadalajara) el pasado verano.
Según han informado a Efe fuentes judiciales, el titular del juzgado, que instruye las diligencias por el incendio que sufrió en agosto la planta de reciclaje de residuos peligrosos, ha pedido la adopción de medidas al Gobierno de Castilla-La Mancha y a la Delegación del Gobierno central en la comunidad autónoma.
Dichas fuentes han precisado que el juez mandó una providencia a ambas Administraciones el pasado miércoles, 15 de marzo, el mismo día que la policía judicial le entregó un atestado mediante el que le comunicaba el robo de chatarra en la parcela contaminada, que denunció la pasada semana Ecologistas en Acción (EA).
A través de la providencia, el magistrado puso los hechos en conocimiento del Ejecutivo autonómico y de la Delegación del Gobierno en la región y les instó a que tomaran "las medidas de aseguramiento y protección que sean pertinentes, para evitar problemas de salud pública" derivadas de los robos.
Por otra parte, las fuentes consultadas han indicado que a lo largo del día de hoy están declarando en el juzgado número 1 de Guadalajara otros seis testigos que el juez instructor, que acordó llamar a declarar en base a las diligencias de investigación ya practicadas.
Son cinco trabajadores del grupo Layna, propietario de la nave que ardió en agosto, y una trabajadora que trabajó en este grupo empresarial y después en la empresa KUK Medioambiente, que gestionaba la planta siniestrada.
También está previsto que declare hoy como investigado, ya que en su día no pudo hacerlo, el representante legal de la empresa Salmadina Tratamientos de residuos inertes.
Otro investigado, J.J.G.L, que trabajó en el grupo Layna y posteriormente en KUK Medioambiente y al que se le imputan delitos contra el medio ambiente, pertenencia a grupo criminal y falsedad documental, prestará declaración el próximo 19 de abril, después de que se acogiera a su derecho a no declarar el primer día que fue llamado por el juez.
Además, el juez ha dado trámite a las partes por si quieren solicitar diligencias de investigaciones adicionales a las ya practicadas por el instructor.
El próximo 24 de abril tendrán lugar nuevas testificales relacionadas con estas posibles peticiones de investigaciones adicionales de las partes implicadas.
El auto que dictó el juez instructor el pasado 30 de noviembre, incluye a 19 personas físicas como investigados, entre ellas el exalcalde de Chiloeches César Urrea y el ex viceconsejero de Medio Ambiente Sergio David González Egido y a tres personas jurídicas, entre ellas responsables de KUK Medioambiente y grupo Layna
Casi todos han prestado declaración ante el juez así como la práctica totalidad de los 22 testigos llamados por el magistrado.
Entre los delitos que se atribuyen de forma indiciaria a estos investigados se encuentran delitos de prevaricación administrativa, pertenencia a grupo criminal, delitos contra el medio ambiente, incendio con concreta puesta en peligro de personas, bienes y ecosistemas, y falsedad documental.
