El Ministerio de Hacienda da el visto bueno al Plan Económico y Financiero del Ayuntamiento de Guadalajara, que contempla un ajuste de 300.000 euros para hacer frente al exceso de gasto del primer semestre de 2019, y además ha confirmado su estabilidad actual.
Así lo ha dado a conocer en el pleno ordinario de este viernes la responsable de municipal de Hacienda, Lucía de Luz, quien ha explicado en nota de prensa que el Estado no solo dice que el Consistorio guadalajareño es "sostenible y estable" sino que avala “las modificaciones de crédito del Gobierno municipal en un año atípico en el que se ha tenido que hacer una gran modificación presupuestaria para poder ayudar a la gente”.
En este punto, De Luz ha asegurado que “no es incompatible ayudar a la gente con ser sostenibles y económicamente fiables” en alusión a “las dudas y mentiras del Partido Popular” que justificó su voto en contra a las modificaciones de crédito que han permitido las ayudas a autónomos y pequeñas empresas asegurando que dicha operación comprometía la estabilidad de la Hacienda municipal.
De Luz ha aseverado que el equipo de gobierno local sigue trabajando en la ejecución del Plan para la Recuperación Económica y Social, al tiempo que "continúa haciendo frente a los impagos en los patronatos", especialmente en el de Deportes a consecuencia de los grandes eventos deportivos de 2019.
La concejala de Hacienda ha ensalzado “el gran esfuerzo” del Gobierno municipal para lograr “que el Ayuntamiento recupere la estabilidad comprometida por la gestión del anterior equipo de Gobierno" que convirtió al Consistorio de Guadalajara en "incumplidores de las normas estatales" y ha lamentado que "el derroche del pasado sí que esté marcando la acción de gobierno en 2020, especialmente en el Área de Deportes".
PROTOCOLO CONTRA LA OCUPACIÓN ILEGAL
Por otra parte, el Ayuntamiento de Guadalajara ha aprobado, con el apoyo de PP, PSOE, Vox y Ciudadanos (Cs), y la abstención de Unidas Podemos y A Guadalajara hay que quererla (Aike), una moción para crear un protocolo de medidas para luchar contra la ocupación ilegal de viviendas tanto la capital como en las pedanías.
El PP se ha mostrado satisfecho del consenso y apoyo a la moción presentada por su grupo, entre cuyas medidas figura la creación de un protocolo específico dentro de la Policía Local para atender los casos de ocupaciones ilegales.
La concejala Itziar Asenjo se ha mostrado satisfecha de que la iniciativa haya desembocado en la aprobación de medidas que "serán de utilidad" para intentar atajar el problema con una propuesta que ha recibido el apoyo de Vox, PSOE y Ciudadanos, estos dos últimos que han hecho otras aportaciones basadas en instar a los gobiernos regional o central, que han sido aceptadas por el Grupo Popular.
"Cuando hay una ocupación ilegal hay un acto contrario a derecho. No puede ser que las nuevas políticas instauradas por uno de los socios e integrantes del Gobierno se basen en considerar la ocupación ilegal de viviendas como una situación tolerable o admisible o una forma común de adquisición de vivienda, como no lo es cualquier otra conducta contraria al ordenamiento jurídico", ha quedado reflejado en la moción aprobada.
En lo que atañe a Guadalajara, como ha citado Asenjo, "este problema se da en zonas como el barrio de los Manantiales, el de Aguas Vivas (Bulevar Clara Campoamor), la zona de las Lomas, en la pedanía de Taracena, en la zona comprendida entre la calle Cuba y la avenida de Venezuela, calle Laguna de la Colmada, en pleno centro de la ciudad (calle Mayor, López de Haro, Plaza del Cívico) o viviendas de San Vicente Paúl".
"Se trata de un problema que lleva en la ciudad durante años y que, en ocasiones, nos genera conflictos de convivencia", ha asegurado Israel Marco, portavoz de Cs en el Consistorio, quien ha indicado que "en muchas ocasiones, detrás de estas ocupaciones hay mafias, con lo cual se nos genera un doble problema", ha dicho.
Marco ha recordado que Cs presentó en las Cortes una proposición no de ley (PNL) que pedía más competencias para los ayuntamientos para velar por la seguridad y convivencia ciudadanas en casos de ocupaciones ilegales de viviendas, facultándolos para subrogarse, y también agilizar en todo lo posible los juicios relacionados con los desalojos de inmuebles ocupados ilegalmente.
Así mismo, ha pedido endurecer las sanciones penales de los delitos que versen sobre ocupaciones ilegales de inmuebles que se lleven a cabo con violencia o fuerzas en las cosas, o que sean auspiciadas por mafias, con ánimo de lucro o como medio para cometer otros delitos, como la trata con fines de explotación sexual o el tráfico de drogas.
