Ganemos ha interpuesto una querella contra el alcalde de Azuqueca de Henares (PSOE), José Luis Blanco, por presunta prevaricación, entre otros presuntos delitos que se remontan a septiembre de 2015 cuando Ganemos expediente a su edil tránsfuga Diego Parra y procedió a su inmediata expulsión.
Ganemos ha explicado en una nota pública que, como resultado de las elecciones municipales, el PSOE gobernaba en minoría y le faltaba un concejal para tener mayoría y el tránsfuga Diego Parra "persiguió con insistencia formar parte del gobierno del PSOE a cambio de un importante salario y otras prebendas".
Ha añadido que se opuso a tal práctica al considerar que estaba "promovida por la codicia y no por el servicio público" y que, además, "pesaba sobre el alcalde una imputación por presunta prevaricación en la querella seguida contra él en el Juzgado de Instrucción Nº 3 de Guadalajara".
Pese a ser contrario al Código Ético de Ganemos, "la falta de ética y deslealtad a los compromisos con los electores, base de la corrupción que debe ser ejemplar y activamente perseguida por la propia organización", el tránsfuga decidió entrar en el Gobierno del PSOE a cambio de un salario.
"El alcalde propuso que todos los portavoces de la oposición fueran remunerados menos el de Ganemos, al que luego ofreció esa remuneración a cambio de entrar en el Gobierno", ha añadido Ganemos, que ha entendido que el regidor utilizó los recursos municipales para "negociar" la entrada del tránsfuga en su gobierno.
La coalición abrió expediente al tránsfuga y después de escuchar sus alegaciones procedió a acordar su expulsión, lo que se comunicó al alcalde de Azuqueca de Henares el 18 de septiembre de 2015, quien no ejecutó la expulsión "de inmediato" tal y como le exige la abundante jurisprudencia, sino cinco meses más tarde, el 10 de febrero de 2016, "en los que interesaba a su Gobierno el apoyo del tránsfuga en determinadas votaciones clave".
Para ello, ha reseñado, "la Alcaldía utilizó pretextos de tramitación fabricados por la Secretaría y, así, dilató la expulsión durante cinco meses".
En este sentido, ha recordado que la expulsión de un electo no está sometida a la "autorización" de un alcalde, sino que es una cuestión de la formación política y el alcalde darla trámite.
"El alcalde debió ejecutar de inmediato la expulsión, sin perjuicio de que posteriormente se subsanaran los pretextos de forma y tales prácticas son evidentemente prevaricadoras, por lo que Ganemos ha tramitado la referida querella criminal", ha reforzado.
Además, ha explicado que el primer edil pactó la entrada del tránsfuga en el Gobierno municipal e, incluso, "anunció públicamente que habían cerrado un acuerdo de gobierno con Ganemos, cuando el tránsfuga en ese momento ya había sido expulsado", por lo que ha entendido que "incumplió el pacto antitransfuguismo".
