La Fiscalía ha rebajado su petición de cárcel para el activista procesado por fotografiar un desahucio que se produjo en Guadalajara, ya que si bien en un primer momento había solicitado cuatro años y medio de prisión, este jueves, durante la celebración del juicio, ha rebajado su petición a un año medio.
Podemos Castilla-La Mancha ha informado en un comunicado de este cambio en la solicitud de penas de la Fiscalía, con motivo de su asistencia a la concentración que ha convocado la Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara a las puertas de los juzgados de Guadalajara en defensa del activista de la Plataforma Antidesahucios (PAH).
En la concentración, a la que han acudido varias decenas de personas, el miembro de la PAH Gustavo Rioja ha expuesto las imágenes que se publicaron en la red social Twitter por el que la Fiscalía le imputa un delito de revelación de secretos, amenazas y contra la intimidad.
Ha recordado que se trataba de un desahucio en marzo de 2019 de una madre de 17 años, un padre de 19 y un bebé de unos 5 meses “sin solución habitacional”, algo por lo que España ha sido sancionado ya por la ONU, según este integrante de la PAH.
Según la PAH, cuando el acusado vio la situación decidió sacar cuantas fotos pudo y tras subirlas a redes sociales, el Juzgado de Instrucción número 1 de Guadalajara ordenó borrar esa publicación cautelarmente porque, según la jueza titular, en ellas aparecían los agentes judiciales en la calle y la difusión de sus rostros constituía un "delito de revelación de secretos".
En estas imágenes también se veía a la familia pidiendo que les dejaron entrar a por sus enseres, algo que no se les permitió.
Otra de las imágenes recogía imágenes de la comitiva judicial y la procuradora de San Vicente de Paul, propietaria de las viviendas, “y por la que se le acusa de revelación de secretos cuando son funcionarios públicos en la vía pública, sin dar más datos” y le imputan un delito de amenazas por indicar quiénes son en este tweet, ha señalado Rioja.
Otro miembro de la PAH, Amaya Navarro, ha señalado que la acusación que se formula contra Diego se basa en los llamados "delitos de revelación de secretos", una figura penal que sirve "para silenciar cualquier vergüenza de la Administración" y que, según ha denunciado la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información , es una verdadera "espada de Damocles" sobre el derecho a la información.
“Hay un mandato político para reprimir estas protestas sobre todo si evidencian las vergüenzas del Estado”, ha asegurado.
En la vista celebrada este jueves, la defensa del activista ha pedido la libre absolución alegando el derecho a la libertad de expresión, si bien ha adelantado que si hay una sentencia condenatoria, presentarán recurso y ha advertido de que si hay "que llegar a Europa para que España sea por octava vez condenada por vulneración de derechos fundamentales a la libertad de expresión como ya lo ha sido anteriormente llegaremos a Estrasburgo”, se hará.
