Una familia pide suspender la entrega de una menor a su padre, condenado por maltrato

Sara Cabra, tía de la menor de Sigüenza (Guadalajara), denuncia una decisión judicial “incomprensible e injusta” que, asegura, pone en entredicho el bienestar de la niña que debe ser entregada a su padre, condenado por maltrato - Fotografía: CMM
Tras morir la madre, la menor se quedó a cargo de su hermano mayor, de 23 años, quien tiene la custodia y con quien vive en Sigüenza junto al resto de su familia materna

Una familia de Sigüenza (Guadalajara) pide suspender la entrega de una menor a su padre biológico y revisar la sentencia de un juzgado de Arenys de Mar (Barcelona) que da su custodia al hombre, condenado por maltrato a la madre de la menor, ya fallecida, y que no tiene trato con la menor.

Sara Cabra, tía de la menor explica que su hermana mantuvo una relación con el padre de la pequeña, con quien vivió en Barcelona, y tras quedarse embarazada y debido a los malos tratos “por los que le denunció hasta en cinco ocasiones”, ha dicho, volvió a Sigüenza, donde vive su familia y donde nació y crió a su hija hasta que la mujer falleció hace dos años. La menor se quedó a cargo de su hermano mayor, de 23 años, quien tiene la custodia y con quien vive en Sigüenza junto al resto de su familia materna. 

Cuando la mujer murió, el padre biológico pidió realizarse las pruebas de paternidad y tras confirmar su filiación solicitó la custodia de la pequeña, con la que no tiene trato, según la familia materna, y a la que ha visto en dos ocasiones.

“La niña fue el primer día al punto de encuentro, pero no ha querido volver, pero es que su padre no la ha llamado por teléfono ni en su cumpleaños ni se ha interesado jamás por ella”, ha dicho su tía, quien ha resaltado que el padre tuvo una orden de alejamiento tras una sentencia de malos tratos contra la madre fallecida.

Un juzgado de Arenys de Mar, en sentencia firme, ha retirado la custodia al hermano y se la ha dado al padre biológico, algo que la familia está denunciando públicamente, incluso con una recogida de firmas en la plataforma Change.org, para que el juzgado revise el caso con los antecedentes de maltrato del padre y porque la menor "se va a un entorno que no conoce" y tampoco conoce al padre.

Cabra ha lamentado que “como esa condena por maltrato ya ha prescrito" y ha mostrado la preocupación de la familia materna ante esta situación ya que la resolución del juzgado impone su entrega al padre antes del 31 de julio.

La consejera de Igualdad, preocupada por el bienestar de la menor

De este caso ha hablado este viernes en Guadalajara, a preguntas de los periodistas, la consejera de Igualdad de Castilla-La Mancha, Sara Simón, quien ha dicho que es "una noticia que nos causa dolor” y ha agregado que “respetamos las decisiones las decisiones judiciales, pero en este caso concreto no podemos comprenderla porque siempre hemos dicho que un maltratador no puede ser nunca un buen padre y en este caso nos preocupa mucho el bienestar de la menor”.

Simón ha manifestado que “vamos a tratar de que, ya que esta decisión está tomada de manera judicial, por lo menos se haga un seguimiento claro del bienestar de la menor".

También ha explicado que había programados encuentros en el punto de encuentro de Guadalajara pero “tenemos información de que el propio padre no ha acudido a esos encuentros por lo que no sabemos el interés de ese padre que no se había acordado hasta ahora de esta niña y vamos a estar muy vigilantes para garantizar el bienestar de la menor”.

Simón ha avanzado que mantendrá una reunión con la familia para analizar la situación y “ver todas las herramientas que tenemos”.

La ministra de Igualdad lamenta el caso

Por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, se ha pronunciaba también este jueves sobre el caso asegurando que existe "una desconexión profunda y grave entre jurisdicciones.

"No es posible que la jurisdicción civil y los juzgados de familia aceleren esos procesos mientras están pendientes denuncias penales por maltrato o violencia de género. Tienen que coordinarse porque esa coordinación es la que defiende el interés superior del menor", exigía la la ministra, preguntada por esta cuestión en una entrevista en RNE.

En su opinión, la ley integral contra la violencia de género es "clara" en cuanto a la necesidad de que "se espere una sentencia penal firme antes de dilucidar la patria potestad y la custodia".

"En ese caso, el interés superior del menor está en no convivir con el maltratador, en no convivir con la persona que ha agredido a la madre o incluso al menor", ha añadido.