El exviceconsejero de Medio Ambiente del Gobierno de Castilla-La Mancha, Sergio David González Egido, ha sido el único de los investigados que ha prestado declaración hoy ante el juzgado que investiga el incendio en una planta de reciclaje de residuos peligrosos en Chiloeches (Guadalajara) el pasado mes de agosto.
Junto a González Egido estaban llamados hoy a declarar F.F.G., J.J.G.L., gerente y comercial de la empresa Kuk Medioambiente SL, respectivamente, que se han acogido a su derecho a no declarar, tal y como ha señalado el abogado de González Egido a los periodistas a la salida de los juzgados.
El ex viceconsejero no ha querido hacer declaraciones a los medios, si bien se ha mostrado tranquilo y dispuesto a declarar ante el juez para aclarar este asunto momentos antes de entrar a los juzgados, sobre las 10.15 horas de hoy.
El auto del juzgado instructor del caso contempla un total de 19 personas físicas como imputadas, entre las que se encuentra también el ex alcalde de Chiloeches, César Urrea, y otros cargos de gobiernos regionales anteriores, además de otras tres personas jurídicas, entre ellas responsables de las empresa Kuk Medioambiente, gestora de la planta, y Grupo Layna, propietaria de la nave que ardió.
Este mismo auto acuerda dirigir el procedimiento contra determinadas personas en calidad de investigados y de toma de declaración de testigos, todo ello en base al resultado de las diligencias de investigación practicadas y de los indicios existentes hasta este momento, en que todavía la instrucción no ha finalizado, "con lo que el principio de presunción de inocencia debe entenderse subsistente y salvaguardarse en todo momento", señala el escrito.
Está previsto que las declaraciones del resto de los investigados se produzcan en sede judicial el 17 y 24 de enero de 2017, y 21 de febrero de 2017.
Entre los delitos que se atribuyen de forma indiciaria a estos investigados se encuentran delitos de prevaricación administrativa, pertenencia a grupo criminal, delitos contra el medio ambiente, incendio con concreta puesta en peligro de personas, bienes y ecosistemas, y falsedad documental.
En concreto, a los responsables de KUK Medioambiente se les investiga por unos presuntos delitos, "de forma indiciaria" contra los recursos naturales y el medioambiente -prevaricación medioambiental- y por falsedad documental, al no figurar en la documentación de la empresa entradas de residuos no peligrosos.
En cambio, el auto señala que "se ha podido contrastar que las entradas y salidas de residuos no peligrosos han sido muy relevantes entre 2015 y 2016".
También se les investiga por un presunto delito de pertenencia a grupo criminal, ya que el juez señala en el auto que los hechos ocurridos en las instalaciones de Kuk "podrían haberse cometido dentro de un grupo organizado cuyo fin era la obtención de importantes beneficios económicos a través de la gestión irregular de residuos, principalmente peligrosos".
Respecto al ex viceconsejero de Medio Ambiente, se le investiga por un presunto delito de prevaricación medioambiental, puesto que siendo viceconsejero "habría otorgado presuntamente a Kuk Medioambiente, mediante una modificación no sustancial de la Autoridad Ambiental Integrada, la ampliación de códigos LER a gestionar, cuando en esas fechas la empresa debería haber cesado su actividad por sanción", señala el auto.
Además, "presuntamente tenía pleno conocimiento del funcionamiento de Kuk, pudiendo haber participado en las gestiones para su arrendamiento por el Grupo Layna", y añade el auto, "llamando especialmente la atención" que dicho arrendamiento "no se ajusta a la legalidad".
En el auto se acuerda además la toma de declaración de 22 testigos.
En el procedimiento se encuentran personados como acusaciones particulares la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de Chiloeches y la Asociación de Empresas Gestoras de Residuos y Recursos Especiales (ASEGRE).
