El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España ha pedido por vía diplomática la detención del presunto autor del cuádruple asesinato de una familia en Pioz (Guadalajara), que se encuentra en Brasil, pero que aún no ha sido detenido por la Policía de este país.
La tramitación de la orden de detención europea e internacional se ha realizado después de que este jueves la autoridad judicial española recibiese comunicación de las autoridades policiales brasileñas informando de la localización del sospechoso, un sobrino del padre de la familia asesinada, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM).
Esta orden, emitida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Guadalajara el 22 de septiembre de 2016, "en su momento" fue cursada a través de Interpol.
El alto tribunal también ha desvelado que el titular del juzgado ha dictado un auto con fecha 6 de octubre en el que se acuerda la solicitud de cooperación judicial internacional a las autoridades de Brasil para la práctica de diligencias de investigación en este país, con participación de la Guardia Civil española.
Todo ello, ha explicado el TSJCM, al amparo del Convenio de Cooperación Jurídica y Asistencia Judicial en materia penal entre España y Brasil, de fecha 22 de mayo de 2006.
En el mismo auto, pide la prisión preventiva del investigado, Patrick Nogueira Gouveia, medida previa a la petición formal de extradición, conforme a lo recogido en el Tratado de Extradición firmado entre ambos países el 2 de febrero de 1988.
En un comunicado, la policía brasileña explicó ayer que espera autorización para abrir una investigación contra Patrick Nogueira Gouvei, y resaltó que colabora con las autoridades de España y había solicitado al Ministerio de Justicia de Brasil la debida venia para indagar a Nogueira Gouveia, de 20 años.
El joven prestó declaración en una comisaría de policía del estado de Paraíba, en el noreste de Brasil, el pasado 30 de septiembre, pero no fue detenido pese a que existían dos órdenes de detención emitidas por Interpol en su contra.
La policía precisó que la Constitución brasileña prohíbe la extradición de sus ciudadanos y la detención con estos fines, lo que impidió cumplir el pedido de la Justicia española, realizado a través de la Interpol.
Las invstigaciones desarrollas en España han apuntado a Nogueira Gouveia como el principal sospechoso del descuartizamiento de Marcos Campos Gouveia, su esposa, Janaína Américo, y sus dos hijos, de 1 y 4 años, en un chalé de la localidad de Pioz (Guadalajara).
Los restos de los cuatro miembros de la familia fueron hallados el pasado 18 de septiembre en bolsas de plástico en el interior de su vivienda, pero se cree que fueron asesinados un mes antes.
Los responsables de la investigación en España han apuntado que el sospechoso presenta rasgos de una personalidad psicópata y de un carácter agresivo y violento.
Nogueira vivía en España y tenía previsto regresar a Brasil el 20 de noviembre pero cambió su billete y volvió apenas 48 horas después de que la policía encontrara los cuerpos de la familia.
LA EXTRADICIÓN NO DEPENDE DE LA GUARDIA CIVIL
De otro lado, la Guardia Civil no tiene relación con la petición de extradición del presunto asesino de una familia brasileña en Pioz (Guadalajara), ni con la decisión sobre las pruebas que se envían a Brasil sobre este caso, ha afirmado el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa.
A preguntas de los periodistas sobre los siguientes pasos a dar en este caso, Fernández de Mesa ha considerado que hay "pruebas suficientes desde el punto de vista policial" de que el responsable del crimen fue el sobrino del hombre asesinado.
El director general ha precisado que "se están difundiendo algunas informaciones erróneas", porque la Guardia Civil ya ha realizado su labor y tanto la petición de detención en Brasil como la eventual solicitud de extradición son competencia del Gobierno y no de la Benemérita.
Ha insistido también en que no es la Guardia Civil la que decide qué pruebas se envían a Brasil para avalar ambas solicitudes, porque la Guardia Civil es Policía Judicial y es el juzgado que instruye el caso el que toma este tipo de decisiones, como dictó el pasado 22 de septiembre la orden de busca y captura.
