La España Vaciada pide una vivienda "más competitiva" para atraer a nuevos pobladores

La España Vaciada pide una vivienda "más competitiva" para atraer a nuevos pobladores
Las plataformas reclaman políticas reales de acceso a la vivienda y denuncian las agresiones eléctricas, industriales y medioambientales que afectan al territorio rural. La VII Asamblea de la Revuelta refuerza la coordinación nacional y fija líneas de acción para 2026.

La Revuelta de la España Vaciada cerró este domingo en Molina de Aragón (Guadalajara) su VII Asamblea General con un mensaje contundente: sin una política de vivienda ambiciosa y adaptada al medio rural, la despoblación no se revertirá. En un fin de semana simbólico, coincidiendo con el Día del Orgullo Rural, representantes de plataformas de numerosos territorios se reunieron en Castilla-La Mancha para evaluar el estado de sus comarcas, compartir preocupaciones y marcar una hoja de ruta conjunta para los próximos años.

La reunión prolonga el trabajo iniciado tras la multitudinaria manifestación de Madrid de 2019 y confirma, según los organizadores, que el deterioro del mundo rural exige respuestas urgentes y coordinadas. La presencia de colectivos integrados en el recién creado movimiento Salvemos el mundo rural agredido —entre ellos Aliente, Stop Ganadería Industrial, Abrazo al Agua, grupos de Stop Biogás y plataformas contra la minería agresiva— reflejó la magnitud de los frentes abiertos y reforzó el carácter transversal de las reivindicaciones.

La vivienda, un muro que impide quedarse y también llegar

El acceso a la vivienda fue uno de los puntos más debatidos durante la asamblea. Las plataformas coincidieron en que la falta de vivienda pública, los procesos especulativos y el abandono de inmuebles impiden que la población joven pueda desarrollar un proyecto de vida en su municipio. Muchos pueblos disponen de casas vacías o infrautilizadas que, sin embargo, no están disponibles para alquiler o venta en condiciones razonables.

Ante esta realidad, las organizaciones insistieron en la necesidad de convertir la vivienda rural en “un activo competitivo”. Según defendieron, la calidad de vida, el entorno natural y la disponibilidad de espacio podrían ser un atractivo indiscutible para nuevos pobladores, siempre que existieran políticas que facilitaran el acceso y evitaran que estos recursos se pierdan por desuso o especulación. “No se trata solo de que los jóvenes puedan quedarse; se trata también de crear condiciones reales para que nuevas familias quieran venir”, subrayaron.

Las plataformas señalaron que esta demanda no es nueva, pero sí cada vez más urgente. La economía de los pueblos —según expusieron— está directamente condicionada por su demografía. Sin habitantes no hay comercio, no hay servicios públicos, no hay transporte y no hay futuro. Por ello consideran imprescindible que las administraciones aborden el problema con medidas “realistas, sostenidas y evaluables”, capaces de frenar el vaciamiento progresivo de las comarcas.

Renovables sin planificación: “la mayor agresión actual”

Otro de los ejes más críticos fue la implantación de energías renovables sin planificación territorial. La mayoría de las plataformas advirtió de que el despliegue masivo de macroproyectos fotovoltaicos y eólicos está transformando comarcas enteras en “zonas de sacrificio”, con miles de hectáreas de suelo productivo convertidas en polígonos energéticos y con paisajes naturales profundamente alterados.

Mientras tanto, denunciaron, las comunidades energéticas continúan sin apoyo real, pese a ser una alternativa que permitiría repartir beneficios en el territorio. La desviación de fondos hacia grandes empresas —añadieron— constituye una contradicción con los principios de la transición ecológica justa y agrava la percepción de abandono en las zonas despobladas.

A estas agresiones se suman, según los colectivos, los proyectos de biogás y macrogranjas, señalados por contaminar suelo, agua y aire, y por impactar negativamente en la biodiversidad. Recordaron que estos riesgos ambientales han sido documentados por entidades científicas y divulgadores especializados, incluidos expertos del CSIC, lo que refuerza la necesidad de una regulación más estricta que priorice el interés general.

Incendios forestales: cada verano, el mismo aviso

La Revuelta situó también entre sus prioridades la lucha contra los incendios forestales, que consideran un síntoma evidente del abandono institucional. La acumulación de combustible vegetal, la falta de recursos y la escasa planificación hacen que cada verano resurja la amenaza. Los incendios han supuesto la ruina de territorios con gran riqueza natural pero escasas herramientas de defensa, lo que, en opinión de las plataformas, evidencia la urgencia de una gestión forestal integral.

Seguimiento estricto de las leyes rurales y del plan estatal contra la despoblación

De cara a 2026, la Revuelta de la España Vaciada anunció que realizará un seguimiento exhaustivo de las leyes que afectan al mundo rural. Entre ellas, la Ley de Castilla-La Mancha o el Plan de 130 medidas frente al reto demográfico del MITECO, que el Tribunal de Cuentas ha instado a rediseñar tras evaluar el uso de fondos públicos. Las plataformas consideran imprescindible que estos planes cuenten con evaluación continua y transparencia en su ejecución.

Una conclusión común: solo la unión hará posible el cambio

La VII Asamblea concluyó con una idea compartida: la unión de las plataformas y la coordinación nacional son esenciales para frenar el deterioro del territorio rural. Con esta línea de trabajo, la Revuelta prepara ya acciones conjuntas de cara al 31 de marzo, fecha clave en su calendario reivindicativo. Molina de Aragón se convirtió así en punto de partida para un nuevo ciclo de movilización, marcado por la defensa del territorio y la búsqueda de un futuro digno para las comarcas que siguen resistiendo.