La nueva subdelegada del Gobierno en Guadalajara, Mercedes Gómez Mena (Guadalajara, 1967) afronta el cargo en una situación excepcional pero sin olvidar las principales reivindicaciones y con la mirada puesta en solventar los problemas de convivencia derivados de las ocupaciones ilegales de viviendas y garantizar el transporte en el mundo rural como sus primeros objetivos en el cargo.
Gómez Mena está diplomada en Educación Social y licenciada en Pedagogía, es funcionaria de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y ha estado muy ligada al mundo sindical ya que en 2011 asumió la Secretaria Provincial de la Federación de Enseñanza de CCOO en Guadalajara, y posteriormente, en 2016, la Secretaría General Regional de esta federación.
Un bagaje que le ayudará a afrontar su nuevo cargo, en el que apenas lleva un mes, para sentarse a hablar con administraciones y agentes sociales de Guadalajara, una provincia en la que ha vivido toda su vida.
"El inicio está siendo difícil porque no son momentos fáciles. Tenemos una situación sanitaria muy complicada y a eso se le une que se intenta retomar la normalidad en los organismos de todo lo que se llevaba retrasado de citas y demás a un ritmo que la situación sanitaria no permite", afirma Gómez Mena, quien no decae en su ánimo por trabajar en los temas importantes para la provincia.
En este sentido, Gómez Mena es consciente de las demandas históricas de la provincia especialmente en materia de infraestructuras.
"No es lo urgente pero sí lo importante. Lo que transformaría y tiene que ver con algunas carreteras nacionales, el transporte en general o el tema del agua y que son asuntos a abordar a medio largo plazo. Luego hay cuestiones del día a día que tienen que ver con la seguridad y ahora hay un tema como las ocupaciones que es necesario ponerle frente pronto", detalla.
Respecto a esto último, la subdelegada afirma que el número de ocupaciones de viviendas es "importante" porque "hay muchas viviendas que son propiedad de bancos o fondos de inversión y que están vacías al no haber tenido una salida comercial y las bandas o mafias que existen las ocupan".
Gómez Mena admite que esta situación tiene trayectoria jurídica que "no es algo rápido a corto plazo", pero señala que la Subdelegación sí puede atender los problemas que se generan en las zonas ocupadas, "problemas de convivencia que se generan de esta situación", para lo que se está en contacto con ayuntamientos, como es el caso de Horche o Taracena, Guardia Civil y Policía Nacional.
Gómez diferencia entre estas ocupaciones de las de viviendas habituales que "no se producen o en muy contadas ocasiones" y afirma que en estos casos, tanto si es primera como segunda vivienda, es un delito de allanamiento de morada "y ahí la solución es bastante rápida".
En cuanto a la demanda en materia de infraestructura, señala que ante la pandemia, las prioridades han cambiado por el momento pero afirma que en casos como la N-320 "sí se ha iniciado un estudio para ver una ruta alternativa para que no atraviese la ciudad y también se facilite la conexión con la A-1".
Otro de los temas prioritarios en la actualidad es el servicio de transporte en varios puntos de la provincia como es el caso del Señorío de Molina, donde la empresa de autobuses que presta el servicio de línea con Guadalajara ha entrado en concurso de acreedores, o en la zona de Cifuentes donde también tienen problemas con las frecuencias del servicio que afecta a muchos vecinos que depende de él para trasladarse por motivos médicos, laborales o de estudios.
En este sentido, Gómez señala que ha tenido ocasión de hablar con los alcaldes, pero señala que, sobre todo, se está hablando con las distintas instituciones porque se trata de que "al final estos pueblos mantengan este servicio de transporte porque lo necesitan".
"Estamos viendo la manera de coordinarnos Diputación, Junta y el Gobierno de España. Ver de qué manera afecte lo menos posible o dar alternativas a estos ciudadanos", comenta Gómez Mena, que si bien admite que la pandemia ha hecho que algunos transportes "se hayan visto reducidos", sostiene que esta situación "no será para siempre".
Preguntada por el tema del agua y el fin del trasvase, otra de las reivindicaciones históricas de los ribereños, Gómez considera que sí están en los planes del Ministerio de Transición Ecológica porque, la ministra del ramo, Teresa Ribera, "apuesta por las desaladoras" a lo que suma una sentencia del Tribunal Supremo del año 2019 que dice que el caudal del Tajo por Toledo y Talavera "es escaso".
A su entender, este fallo judicial "va a mover las cosas para que se apueste por otro tipo de suministro de agua a las zonas de Levante".
Gómez destaca la reciente inversión aprobada a los pueblos ribereños de 40 millones para desarrollo de proyectos en la zona y que les ayudarán a su desarrollo económico.
Por último, en relación a la demanda de más efectivos de Guardia Civil en las zonas rurales, Gómez afirma que se está trabajando por mantener abiertos todos los cuarteles y también en alternativas, como la videovigilancia, para suplir esa escasez de agentes en algunas zonas.
En este sentido, media docena de municipios de la provincia ya ha recibido autorización para poner en marcha esta videovigilancia.
