El decano del Colegio de Abogados de Guadalajara, Emilio Vega, afirma que la justicia gratuita "está minusvalorada" y asegura que “hay que dignificar el turno de oficio".
El Colegio provincial que preside, con más de 800 colegiados y reconocimiento entre todos los colegios de España, celebra este mes diversos actos con motivo de su patrón y su presidente hace balance de su situación y la de su profesión y áreas de competencia como es la justicia en nuestro país.
"La salud que tiene el colegio como Institución colegial es estupenda y es uno de los colegios entre los mejor valorados de España", ha señalado a Efe vega, que dirige el órgano colegial desde 2012 y destaca que su labor al frente del mismo es gracias a su junta de Gobierno, "un grupo muy cohesionado donde sacamos las cosas de forma equilibrada, consensuada y bien gestionada".
Vega es un firme defensor de la justicia gratuita, de la que asegura "está minusvalorada en España, tanto por el justiciable como por la propia Administración. Se trabaja mucho las 24 horas del día, los 365 días del año siempre hay un abogado de oficio, en el caso de Guadalajara cuatro, y no está lo suficientemente bien pagado", afirma.
Asegura sin dudar que, si estuviera en su mano, por ejemplo ser ministro de Justicia, "lo primero que haría sería dignificar el turno de oficio, y eso se hace pagándolo y poniendo más recursos a su servicio, entre otras medidas".
Reconoce que Administración pública no está exenta de recortes, pero precisa que durante la época de Catalá "tuvimos una subida de los baremos que se utilizan por parte del Ministerio para pagar a los abogados", aunque "sigue siendo muy insuficiente y no acorde con el esfuerzo que desarrolla el abogado".
A esto suma el desfase entre autonomías, unas con competencias transferidas y otras no, lo que lleva a que un abogado cobre por este servicio en Castilla-La Mancha unos 120 euros cuando, por ejemplo, en el País Vasco el mismo servicio es retribuido con 600 euros.
Vega se muestra contundente cuando es preguntado si cree que se solventaría con la trasferencia de competencias en todas las comunidades: "No, al revés, sería mejor que estuviesen unificadas porque hay muchísimas comunidades que devolverían las competencias" pues el retraso por el cobro del servicio es "mayúsculo".
Respecto a la justicia gratuita, los tribunales han dado la razón al Colegio guadalajareño anulando una sanción impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por restricción de la competencia en los servicios de asistencia jurídica gratuita, ya que consideraban que no era conforme a derecho y que incurría en conductas anticompetitivas.
En la argumentación realizada y apoyada por dicha sentencia, pionera en España, el órgano colegial explicaba que cuando los abogados prestan el servicio de turno de oficio no actúan en un mercado regido por la oferta y la demanda, sino que realizan un servicio público en las condiciones establecidas por el Estado.
Vega califica a la Justicia "como la niña fea" de todos los Gobiernos porque "no da votos y sirve para encausar a políticos" y declara tener la sensación de que "no se la dota de los mismos medios que se le da a otros ministerios o áreas".
En este sentido, afirma no saber nada sobre plazos e inversión para el nuevo edificio de los juzgados de Guadalajara, previsto inicialmente para finales de 2018.
Y sobre el cambio de ubicación, que "llegará antes o después", asegura que "no queremos irnos de aquí. No nos gusta porque nos pilla muy lejos del Colegio, no hay zona de aparcamiento, ni zonas de servicios", si bien reconoce que los actuales juzgados necesitan una reforma.
"Quizá la solución que le han dado tampoco es la idónea. Creo que está un poco lejos y necesitamos un poco más de logística alrededor del edificio para que sea cómodo para todo el mundo", refuerza.
Entre los objetivos que le gustaría lograr en lo que le resta de mandato, hasta 2022, refiere que "a nivel colegial me gustaría que la gente se entusiasmase más con su colegio, que fuese más cercana y no solo recurra a él cuando tiene un problema" y a nivel general que "se aprobase una ley integral del derecho de defensa".
"Sería importantísimo que el legislador lo tuviera en cuenta, se ponga a cada operador en su sitio y se recoja su labor. Una ley lo más detallada posible para que podamos saber a qué atenernos cada uno", concluye.
