La Diputación de Guadalajara destinará 700.000 euros al fomento del empleo y del autoempleo en la provincia a través de la concesión de ayudas económicas dirigidas a autónomos y empresas que desarrollen su actividad en municipios con población inferior a 20.000 habitantes.
El pleno ordinario de la Diputación celebrado este jueves ha aprobado las bases reguladoras de la concesión de estas ayudas que establecen dos líneas de actuación: para el fomento del empleo con ayudas a la contratación y para el fomento del autoempleo, según ha informado en nota de prensa la institución provincial.
Podrán beneficiarse de la línea de ayudas para la contratación las personas físicas o jurídicas y entidades sin ánimo de lucro que formalicen contratos con desempleados y tengan la condición de pyme (menos de 50 trabajadores y un volumen de negocio anual o balance anual que no exceda de 10 millones de euros) o microempresa (menos de 10 personas y un negocio que no supere los 2 millones de euros).
Además, entre otros requisitos, tienen que estar constituidas y haber iniciado su actividad con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud y el domicilio fiscal y el centro de trabajo debe estar radicado en un municipio de la provincia de Guadalajara con población inferior a los 20.000 habitantes.
En cuanto a las ayudas dirigidas a autónomos, los requisitos recogidos en las bases indican que debe establecerse por cuenta propia y ubicar su centro de trabajo o lugar de ejercicio de su actividad empresarial o profesional y su domicilio fiscal en algún municipio de la provincia de Guadalajara igualmente con una población inferior a los 20.000 habitantes.
El diputado delegado de Promoción Económica, Alberto Domínguez, ha subrayado que "es la primera vez que la Diputación convoca este tipo de ayudas" y ha destacado "la apuesta decidida por las empresas y emprendedores de nuestra provincia, dado que generan empleo, al tiempo que promueven la innovación, la competitividad y la productividad".
La dinamización e impulso de la actividad económica y la creación de empleo en la provincia pasa por el apoyo directo al tejido empresarial, con la finalidad de incentivar el incremento de plantillas y fomentar el empleo estable de las pequeñas y medianas empresas que desarrollan su actividad en el territorio provincial.
"Ese es el objetivo", añadió Domínguez, "que perseguimos desde la Diputación dando respuesta a uno de los principales problemas que tenemos en nuestra provincia y que, por otro lado, va en la línea de pretender frenar la despoblación que tanto nos preocupa".
COSTE DEL "SECTARISMO" DEL PP
Por otra parte, el PSOE ha denunciado que el "sectarismo y la soberbia" del PP por negarse a pagar el servicio de recogida de animales en 2014 y 2015 costarán a las arcas de la Diputación de Guadalajara más de 13.000 euros en concepto de recargos, intereses de demora y costas judiciales.
Según ha denunciado en nota de prensa el portavoz del Grupo Socialista, Julio García, estos sobrecostes son el resultado de haberse negado a pagar "en su momento" el servicio de recogida de animales abandonados prestado por la Mancomunidad Vega del Henares en los años 2014 y 2015, durante el mandato de la actual vicepresidenta primera, Ana Guarinos, máxima responsable del PP provincial.
Durante esos años, ha explicado García, "la Mancomunidad estuvo prestando este servicio para los municipios de menos de 5.000 habitantes que previamente hubieran solicitado a la Diputación que se hiciera cargo de él ante la imposibilidad de asumirlo con medios propios".
Sin embargo, ha agregado, la Institución provincial "se negó a firmar el convenio que regulaba la relación entre ambas entidades y también a pagar por la prestación del servicio".
"Tanto Guarinos como el actual presidente, José Manuel Latre, han tenido las facturas guardadas en un cajón desde entonces, mientras se generaban recargos e intereses de demora que la Diputación ha tenido que pagar finalmente tras una sentencia judicial que condenó en 2017 a la Corporación provincial, imponiéndole también el pago de las costas, cuyo coste ronda los 5.000 euros", ha denunciado.
De hecho, el Pleno de la Diputación ha tenido que aprobar hoy mismo un expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito por importe de 27.042 euros, de los cuales 21.000 euros corresponden a la tasa por la prestación del servicio durante en 2015 y los 6.000 restantes son intereses de demora y recargos de apremio por no haber pagado en su momento esa anualidad y la anterior.
Además, a finales del año pasado ya se hizo efectivo el pago de otros 18.600 euros correspondientes al año 2014, también con un 10 % de recargo, que "han supuesto otros 1.800 euros".
"En consecuencia, la Diputación va a tener que abonar un sobrecoste del 33 % por la soberbia de Guarinos y de Latre, y por su afán de perjudicar a una Mancomunidad por pura y simple confrontación política", ha criticado el portavoz socialista.
García ha concluido que "creemos que esos 13.000 euros deberían salir del bolsillo de quienes dieron la orden de no pagar en su momento en vez de utilizar para ello el dinero público" porque "ni los pueblos ni los vecinos de la provincia tienen por qué soportar las consecuencias de la gestión del PP", ha concluido.
