La diócesis de Sigüenza-Guadalajara ha denunciado la "sangrante" dificultad de acceso o permanencia en la vivienda de las personas en situación de exclusión social, que además se incrementa en el caso de ser mujer y con hijos, y que, según ha lamentado, ha experimentado un crecimiento exponencial con la crisis del covid-19.
“Esta situación que ya se venía dando, se ha incrementado exponencialmente con la crisis ocasionada por el covid 19, que ha puesto de manifiesto la ruptura con el estado de bienestar y con la que ha aumentado de manera notoria la necesidad de vivienda”, afirma la diócesis en un comunicado.
En concreto las personas en riesgo de exclusión social, inmigrantes, refugiados, desempleados, personas en situación de empleo temporal, personas sin hogar, familias monoparentales y drogodependientes tienen una especial dificultad a la hora de acceder a una vivienda digna debido a las condiciones impuestas por los propietarios e inmobiliarias.
Dichas dificultades se refieren en particular a la exigencia de un contrato de trabajo indefinido, fianzas que en algunas ocasiones son de tres a cinco meses del importe del alquiler, la negativa para la atención a personas extrajeras con dificultades económicas y los altos precios de alquiler, ha explicado.
Ante esta situación, han pedido a las administraciones públicas que trabajen para hacer posible el acceso de todas las personas, independientemente de su situación social, a una vivienda digna.
Asimismo, les piden que se establezca una regulación sobre los precios de alquiler de la vivienda, como se está haciendo en otras comunidades y aumente el parque de vivienda pública, y se trabaje para sacar a disposición toda la disponible; y ofrecer apoyo económico a aquellas personas que con dificultades económicas o sociales carezcan de los recursos suficientes para poder acceder a una vivienda digna.
A las inmobiliarias, la diócesis les ha instado a que “no dificulten con exigencias añadidas o con una actitud xenófoba" el acceso a la vivienda a personas en riesgo de exclusión, y que por el contrario se lo faciliten, trabajando "en colaboración con las administraciones públicas y las organizaciones sociales”.
Y a los ciudadanos en general, “que no tengan reparo en alquilar sus viviendas a personas extranjeras o en riesgo de exclusión, y les ofrezcan sus casas en alquiler para que puedan vivir dignamente”.
