CCOO ha exigido al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) que expulse a la contrata de Seguridad que desde hace cinco meses aplica a sus trabajadores un convenio anulado por la Audiencia Nacional e incumple el Acuerdo de Estabilidad en las contratas de la Junta.
'Ariete Seguridad', que tiene adjudicada la contrata de Seguridad de la Gerencia de Atención Integrada (GAI) de Guadalajara desde 2014, aplicaba a los 22 vigilantes el convenio estatal de Seguridad Privada, pero el pasado 1 de enero, aprovechando la reforma laboral, se dotó de un convenio colectivo propio y desde entonces les recorta cada mes entre 180 y 200 euros de las nóminas, ha informado CCOO.
El sindicato advirtió al delegado de la Junta en Guadalajara y al director de Gestión y Servicios Generales de la GAI de que esta actuación de 'Ariete Seguridad' infringía el Acuerdo de Estabilidad en el Empleo de las contratas de la Junta, firmado en julio de 2017 por el Gobierno regional y CCOO y UGT.
En marzo, la federación de CCOO-Construcción y Servicios de Guadalajara registró formalmente la correspondiente denuncia en la delegación provincial, reclamando la expulsión de la contrata.
El 9 de abril, la sala de lo Social de la Audiencia Nacional declaró la nulidad integra del convenio de empresa de la adjudicataria, pero "a fecha de hoy, la Administración no ha puesto solución a la situación, lo que supone que desde el mes de enero cada vigilante de 'Ariete Seguridad' ha perdido ya unos mil euros de salario", según ha denunciado el delegado sindical de CCOO-Construcción y Servicios en el Hospital de Guadalajara, Juan Pérez.
Además de en el Hospital Universitario, los afectados pertenecen al Instituto de Enfermedades Neurológicas, el Centro de Especialidades de Azuqueca, la Unidad de Conductas Adictivas, Salud Mental y el Centro de Salud Manantiales.
"Después de cinco meses, varias llamadas de teléfono, un escrito de denuncia, una sentencia de la Audiencia Nacional, seguimos en las mismas?, ha agregado Pérez.
Por su parte, el secretario de Negociación Colectiva de CCOO-Construcción y Servicios de CLM, Carlos García, ha añadido que "no puede ser que una empresa adjudicataria de un servicio público de la Junta se saque de repente un convenio de la manga y siga prestando el servicio como si nada, y que el convenio sea anulado por sentencia judicial y siga sin pasar nada".
"La junta tiene dos opciones: o hacer cumplir la sentencia y obligar a la empresa a aplicar el convenio general estatal del sector o rescindir el contrato y expulsar a esta empresa de la Administración", ha afirmado, para concluir que "en caso de que el Sescam no adopte de inmediato una de estas dos soluciones, CCOO convocará movilizaciones para exigírselo".
