El PSOE ha afirmado que la actual portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Guadalajara y anterior presidenta de la Corporación provincial, María Antonia Pérez León, cumplió "todos" los compromisos que adquirió con la Fundación Apadrina un Árbol durante su etapa de Gobierno, entre 2007 y 2011.
Así está recogido en las actas del Patronato de esta entidad correspondientes a ese periodo, en el que todas las decisiones fueron adoptadas, además, con el acuerdo de los representantes del PP, según indican los socialistas en nota de prensa.
El PSOE indica que durante los años en los que tuvo responsabilidades en la Diputación, las aportaciones económicas acordadas en el seno del Patronato de la Fundación se trasladaron posteriormente al presupuesto de la Corporación y fueron abonadas en su totalidad. "Todo ello, sin perjuicio de los compromisos que asumieran anteriores o posteriores presidentes de la Corporación provincial", añade.
Por tanto, dice que "resulta inadmisible" la "coacción" que la actual presidenta de la Diputación, Ana Guarinos, está tratando de ejercer "bajo la amenaza de emprender acciones judiciales, sin ninguna justificación y sin una mínima fundamentación".
"El único objetivo que persigue es amedrentar para tratar de acallar las críticas hacia su nefasta gestión, pero bien seguro puede tener que no va a conseguirlo", ha asegurado la misma portavoz socialista.
De hecho, ya ha dado instrucciones para emprender acciones penales por coacciones contra el vicepresidente de la Diputación, Lorenzo Robisco, en respuesta a un burofax enviado por este a su domicilio el pasado mes de marzo, en la que acusa directamente a Pérez León de "haber adoptado decisiones al margen de la Corporación, extralimitándose en sus funciones" durante el tiempo en que fue presidenta, y la "amenaza" con proceder contra su patrimonio personal si la Diputación pierde una demanda por reconocimiento de deuda, interpuesta por la Fundación Apadrina un Árbol.
Además, Pérez León ha presentado este mismo lunes una solicitud de acto de conciliación con Guarinos, previa a una querella por calumnias, por haberla responsabilizado "sin ninguna prueba" de un delito de malversación de caudales públicos, a propósito de una cámara de vídeo que supuestamente ha desaparecido de la Diputación "y ha echado en falta ahora, cuando lleva ya casi tres años como presidenta y máxima responsable de todos los bienes de la Corporación provincial".
