La Audiencia Provincial de Guadalajara ha desestimado los recursos de apelación presentados por los seis condenados por repoblar sin autorización del pueblo abandonado de Fraguas y ha confirmado las pena de año y medio de prisión y multa de 2.160 euros para cada uno de ellos.
En una sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, la Audiencia de Guadalajara ha confirmado íntegramente la sentencia dictada por el juzgado de lo Penal número 1 de Guadalajara y determina "la total desestimación de los recursos interpuestos, confirmando íntegramente la resolución cuestionada".
Por lo tanto ha confirmado las penas de año y medio de prisión para cada uno de los seis jóvenes repobladores, como autores de un delito contra la ordenación del territorio, así como a pagar una multa de 12 meses a razón de 6 euros de cuota diaria, que suma un total de 2.160 euros a cada procesado.
En materia de responsabilidad civil se les condena a los seis acusados a abonar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de forma conjunta y solidaria, el coste de la demolición de las construcciones e instalaciones y de la retirada de residuos y restos de la finca ocupada.
Los condenados tendrán que abonar estas cantidades con arreglo tiempo que hayan permanecido en la finca y el coste se fijará en ejecución de sentencia.
En este sentido, Isaac Alcázar, uno de los condenados tras la sentencia señalaba que “desde la Junta se intenta quitar peso diciendo que no vamos a entrar en la cárcel, al ser una pena menor de 2 años, pero eso es en caso de que paguemos la indemnización que estimamos en más de 50.000 euros”, entre las multas de todos y el coste de responsabilidad civil para abonar la demolición de las construcciones e instalaciones y de la retirada de residuos y restos de la finca ocupada.
Los seis acusados, cuatro hombres y dos mujeres, pertenecen a la Asociación Repobladores Rurales de la Sierra Norte y desde 2013 trabajan en la rehabilitación de Fraguas, un antiguo núcleo poblacional, hoy perteneciente al municipio de Monasterio, en Guadalajara.
Pero no tenían la correspondiente autorización, lo que motivó la denuncia de la Junta de Castilla-La Mancha y la correspondiente sentencia.
Los acusados defendieron ante el juez que en ningún caso su proyecto pretendía destruir la naturaleza sino, por el contrario, cuidarla, reconstruir la zona y permitir que fuera nuevamente repoblada.
La sentencia del juzgado de lo Penal número 1, que ahora ha confirmado íntegramente la Audiencia Provincial de Guadalajara, considera acreditada la ocupación de los acusados que se establecieron en la finca en la primavera de 2013 y la ocuparon durante determinados periodos de tiempo siguiendo en la misma dos de ellos.
También recoge que Fraguas es un monte de utilidad pública, formando parte del espacio protegido denominado Parque Natural de la Sierra Norte y que constituye suelo rústico no urbanizable de especial protección.
Asimismo, la sentencia considera probado que los acusados, con conocimiento de que carecían de autorización administrativa y de que las obras que estaban realizado no eran autorizables, han llevado a cabo tareas de reconstrucción de edificaciones sobre las ruinas de las preexistentes, instalaciones y acopio de materiales y efectos.
La sentencia de la Audiencia Provincial de Guadalajara es firme, por lo que no cabe presentar recurso contra ella.
ESTUDIAN RECURRIR AL CONSTITUCIONAL
Tras conocerse la decisión, los seis condenados estudian presentar un recurso de amparo al Tribunal Constitucional, tal y como ha indicado a Efe Isaac Alcázar, uno de los condenados
No obstante, ha aclarado que acababan de conocer la resolución de la Audiencia Provincial de Guadalajara y que no han podido analizar en profundidad las posibles acciones legales que pueden emprender contra esta sentencia, que es firme, que van a estudiarán con su abogado.
Asimismo, ha avanzado que el próximo 23 de febrero se manifestarán en Madrid contra la actual gestión política del medio rural.
Alcázar se ha mostrado sorprendido con la sentencia de la Audiencia de Guadalajara que confirma íntegramente la sentencia del juzgado de lo Penal número 1, y ha aseverado "Parece que esta locura sigue para delante y que nos quieren ver en la cárcel porque no vemos otra opción que entrar en prisión".
En este sentido, ha recordado que además de la condena a un año y seis meses de prisión, y a pagar una multa de 12 meses a razón de 6 euros de cuota diaria, que suma un total de 2.160 euros a cada acusado, tienen una condena en materia de responsabilidad civil que les obliga a abonar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de forma conjunta y solidaria, el coste de la demolición de las construcciones e instalaciones y de la retirada de residuos y restos de la finca ocupada.
"Ni lo podemos pagar, ni se lo podemos pedir a la sociedad, porque estamos en desacuerdo con demoler un trabajo de muchos años en un proyecto que consideramos pertinente", ha señalado Alcázar, que ha añadido que los condenados "prefieren mantener su integridad a traicionar sus principios y activismo".
Por ello, van a seguir defendiendo el proyecto de repoblación de Fraguas frente a las políticas actuales de fomento del turismo que, en su opinión, están fracasado.
Precisamente, en protesta de esa gestión política del medio rural y en defensa de proyectos como el de Fraguas, se ha organizado una gran manifestación el próximo 23 de febrero en Madrid, que partirá a las 12 de la mañana de la plaza de Tirso de Molina.
Además, se está organizando una concentración mañana en Guadalajara en protesta por la sentencia de la Audiencia Provincial que se ha conocido este miércoles.
