El Ayuntamiento de Chiloeches y los ecologistas reclaman a las administraciones regional y central la retirada y limpieza completa de los residuos de la parcela afectada por el incendio de productos tóxicos que tuvo lugar hace un año, el 26 de agosto de 2016, en este municipio de Guadalajara.
"Desesperación e impotencia". Así ha valorado la situación de la zona afectada por el incendio un año después el alcalde del municipio, Juan Andrés García, en declaraciones a Efe.
"No ha cambiado nada ni hemos aprendido nada", ha lamentado el primer edil, quien recuerda que la planta de KUK Medioambiente, donde se produjo el fuego, operaba en el municipio en situación de ilegalidad desde hace varios años y fue su equipo de gobierno el que ordenó un expediente de ilegalización en marzo de 2016, y en junio del mismo año el Gobierno de Castilla-La Mancha la clausuró debido al "peligro manifiesto que representaba".
Ha señalado que "queremos que se limpie y luego le reclamen el coste que sea a la empresa" y ha mostrado su preocupación a medio y largo plazo, especialmente por las filtraciones de aguas subterráneas de los residuos que todavía siguen ahí.
"Sabemos que el coste es muy grande pero en Seseña también tuvo un coste elevado y no hubo valoración económica. La Junta ha tenido que hacer un desembolso grande pero que pida ayuda si lo necesita al Gobierno central para limpiar de una vez esta zona", ha afirmado el alcalde, que siente un agravio comparativo con respecto al incendio de la planta de neumáticos del municipio toledano, también en 2016.
En este sentido, ha dejado claro que el consistorio no tiene competencias ni medios para hacer "más de lo que ya he hecho" y ha reclamado a la Confederación Hidrográfica del Tajo y al Gobierno regional que les informen de los resultados de los análisis y controles realizados en la zona.
El Ayuntamiento de Chiloeches ha convocado una concentración este próximo sábado 26 de agosto, a las 11 de la mañana, a las puertas de las instalaciones de la Kuk Medioambienten en el polígono de Albolleque.
Quiere reclamar a las administraciones que tomen las medidas necesarias para limpiar la zona afectada e informen periódicamente a los ciudadanos sobre los resultado de los análisis medioambientales que vayan realizando.
En la misma línea se ha pronunciado Augusto Barcenilla, presidente de Ecologista en Acción de Guadalajara, quien ha asegurado a Efe que "la zona cero está igual que cuando acabó el incendio, hay bastantes toneladas de residuos sin retirar y balsas de agua cuyas filtraciones pueden agravar el impacto medio ambiental".
Barcenilla entiende que debería ser la empresa la responsable de acometer la retirada pero ante su inacción hay "suficientes razones de peso" para que la Junta actúe de oficio garantizando la protección general de la población.
Por su parte, el director provincial de Agricultura del Gobierno regional, Santos López, ha asegurado a Efe que el Ejecutivo de Castilla-La Mancha acaba de finalizar, previo permiso del juez que instruye la causa, trabajos de impermeabilización de la zona baja de la parcela para evitar filtraciones, señalización y cierre de la finca, hormigonando la entrada para evitar la entrada de vehículos, en lo que ha invertido 150.000 euros.
"Ese coste hay que sumarlo a los 6,5 millones de euros de la intervención inicial para apagar el incendio y los trabajos de recuperación inmediatos", ha agregado López, quien ha señalado que limpiar por completo lo que queda en la parcela tendría un coste de más de dos millones "que entendemos no deben pagar los contribuyentes sino la empresa", ha argumentado.
La Junta ha reclamado a la empresa la retirada de los residuos pero no ha recibido respuesta y la ha sancionado con más de un millón de euros.
Por este incendio ocurrido en la planta de Chiloeches hay 19 personas investigadas, entre ellas el exviceconsejero de Medio Ambiente de la Junta, Sergio David González; el exalcalde de Chiloeches, César Urrea, y otros cargos del Gobierno regional anterior y actual, además de otras tres personas jurídicas, entre ellas responsables de KUK Medioambiente, gestora de la planta, y del Grupo Layna, propietaria de la nave que ardió.
Entre los delitos que se atribuyen de forma indiciaria a estos investigados están los de prevaricación administrativa, pertenencia a grupo criminal, delitos contra el medio ambiente, incendio con concreta puesta en peligro de personas, bienes y ecosistemas, y falsedad documental.
