Según recoge LA RAZÓN, al menos una decena de “famosos” han sido ya llamados a dependencias policiales para comunicarles, en condición de perjudicados, que se ha intentado obtener, de forma ilegal, datos de su vida personal que obran en poder de los archivos de las Fuerzas de Seguridad. En medios del “famoseo”, se habla de que se trata de la “operación Delux”, aunque este extremo no ha podido ser confirmado de forma oficial.
Según han informado a LA RAZÓN, fuentes policiales. la cifra podría ser mayor. Las personas afectadas, tras ponerse los agentes en contacto con ellas, les indican que acudan a las dependencias que les convengan, por la proximidad domiciliar u otras circunstancias, para informarles de lo ocurrido. Fue el caso de Belén Esteban; aunque tiene su residencia en una población de los alrededores de Madrid, acudió a una comisaría de la capital.
En esas comparecencias, se informa a los afectados que periodistas han tratado de obtener, a través de agentes policiales, datos de su vida personal, como domicilios, coches de su propiedad, multas u otro tipo de infracciones de mayor gravedad con el fin de darles publicidad.
Tal y como adelantó este periódico, la Unidad de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía tiene abierta una investigación desde hace dos años en la que está implicado un agency por haber, supuestamente, filtrado a periodistas datos de la vida de “famosos”, entre ellos de Belén Esteban.
Las pesquisas, que se llevan con el mayor secreto, afectan no solo a los agentes, sino también a los periodistas, y se trata de determinar si se ha cometido algún acto ilícito al dar a conocer datos de la vida privada de las personas obtenidos gracias a otras investigaciones o por figurar en archivos oficiales. El nombre de Belén Esteban se conoce porque fue ella misma la que dio a conocer la noticia de su comparecencia en dependencias policiales de la capital.
Sin embargo, los investigadores no quieren revelar los nombres de los “famosos” que puedan figurar como perjudicados en este turbio asunto, que puede, de acreditarse culpabilidades, acarrear consecuencias para los agentes y, en función de sus actuaciones, para los periodistas que se pudieran haber puesto de acuerdo con ellos.
